Días atrás salió a la luz que frente a la propagación de la pandemia de coronavirus, el Tribunal de Casación Penal bonaerense aceptó una acción de "habeas corpus colectivo" presentada por los defensores oficiales de los 17 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, para resguardar la integridad física de los detenidos que correrían riesgo de vida, en caso de ser contagiados por la eventual propagación del Covid-19 en los penales y según se supo no existe la capacidad de aislamiento para aquellos internos que se enfermen, debido a las condiciones de hacinamiento.
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Días atrás salió a la luz que frente a la propagación de la pandemia de coronavirus, el Tribunal de Casación Penal bonaerense aceptó una acción de "habeas corpus colectivo" presentada por los defensores oficiales de los 17 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, para resguardar la integridad física de los detenidos que correrían riesgo de vida, en caso de ser contagiados por la eventual propagación del Covid-19 en los penales y según se supo no existe la capacidad de aislamiento para aquellos internos que se enfermen, debido a las condiciones de hacinamiento.
La población carcelaria que podría estar en riesgo de contraer el virus, no representa ni el diez por ciento del total de los condenados.
Al respecto nuestro diario consultó a las fuentes del Poder Judicial sobre la situación en nuestra provincia y según se supo, de momento no está en consideración una resolución de estas características por la pandemia, sino que se aclaró que se viene trabajando y estudiando cada pedido específico de prisión domiciliaria de cada interno, como en cualquier trámite que corresponde al Juzgado de Ejecución de la Pena.
"La conjunción de la pandemia decretada y la necesidad de resguardar los bienes jurídicos, como la vida y la seguridad, aunado al hecho de que el público y notorio hacinamiento existente en las Unidades Penitenciarias y comisarías de la provincia de Buenos Aires, lo que impide que las personas alojadas mantengan entre sí las distancias aconsejadas para evitar el contagio, me llevan a considerar prudente hacer uso de los distintos listados aportados por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, de la provincia de Buenos Aires, a los efectos de acatar las recomendaciones de los organismos internacionales, y con el objetivo de descongestionar los centros de detención", había expresado el juez bonaerense Violini, en una reciente resolución.
Evidentemente la situación judicial provincial es muy distinta a la de Buenos Aires y a la de otras provincias con mayor cantidad de personas procesadas y condenadas, además de la franja etaria de una población carcelaria en riesgo (mayores de 60 años o con enfermedades patológicas o crónicas), no representa ni al 10 por ciento del poco más de mil personas que las Unidades Penales jujeñas alojan.
Por otra parte nuestro diario tomó conocimiento que desde el momento que está vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia que hace referencia al aislamiento social obligatorio, para evitar la propagación de la pandemia, se han extremado los recaudos necesarios para el cuidado de los internos. Sin embargo no hay registros que a partir del 20 de marzo se hayan incrementado los pedidos habeas corpus o prisión domiciliara para personas procesadas o condenadas en nuestra provincia.
El Juzgado de Ejecución de la Pena es el que está a cargo de resolver la situación procesal de cada persona condenada y desde el Servicio Penitenciario que depende del Ministerio de Seguridad, se deben arbitrar las medidas para hacerlas cumplir, como por ejemplo prisión domiciliaria con pulseras electrónicas.
Solamente en la provincia de Buenos Aires hay un total de 662 presos que podrían dejar las cárceles para seguir los procesos o cumplir lo que les queda de la condena en sus casas está dividido en tres listados, a partir de eta resolución.
En el listado más numeroso se incluyeron 417 presos, la mayoría de ellos con condenas por narcomenudeo y venta de drogas.
En el segundo listado, formado por 230 presos, figuran los condenados por delitos graves, como homicidios, secuestros extorsivos, cinco casos de intentos de asesinatos. Al menos 176, de esos 230 reclusos tienen condenas o procesos por robo agravado por el uso de armas.
Una alta fuente judicial le confió a nuestro diario, que la mayoría de las personas mayores de 60 años alojadas en el Servicio Penitenciario de Jujuy, cumplen condenas por abuso sexual y en menor medida, personas condenadas por otros tipos de delitos, que padecen una enfermedad.