El ministro de Hacienda, Carlos Sadir, se reuniría hoy desde las 10 con diputados de la comisión de Finanzas para exponer la crítica situación en la que se encuentra la Provincia debido a la abrupta caída de la recaudación y la falta de recursos por la emergencia sanitaria y epidemiológica a raíz del coronavirus que detuvo gran parte del aparato productivo jujeño.
inicia sesión o regístrate.
El ministro de Hacienda, Carlos Sadir, se reuniría hoy desde las 10 con diputados de la comisión de Finanzas para exponer la crítica situación en la que se encuentra la Provincia debido a la abrupta caída de la recaudación y la falta de recursos por la emergencia sanitaria y epidemiológica a raíz del coronavirus que detuvo gran parte del aparato productivo jujeño.
El encuentro se realizaría en la Legislatura, y trascendió que en el mismo el funcionario expondría la necesidad de que la Provincia contraiga un préstamo que permita atender todas sus obligaciones, especialmente el pago de salarios a los trabajadores estatales.
Según indicó Sadir en un informe del COE, la Provincia requiere unos 5.071 millones de pesos por mes para afrontar sus principales obligaciones, que son $3.864 millones para el pago de salarios y contribuciones patronales, $531 millones para gastos en salud y asistencia social (comedores), $50 millones de subsidio al transporte, $17 millones de subsidio a la tarifa eléctrica, $270 millones en prestaciones del Instituto de Seguros, $53 millones para plan de contingencia y $286 millones para servicios de deuda.
Señaló que de eso sólo se puede garantizar hasta el momento unos 3.133 millones de pesos, más $562 millones por ATN del Gobierno nacional, quedando una diferencia de $1.376 millones.
Cabe señalar que la Provincia pretendía no pagar por unos meses las contribuciones a la Afip y Anses de los salarios de los trabajadores estatales, aunque garantizándoles los haberes netos, propuesta que fue rechazada por Nación y por los diferentes gremios.
Por esa razón toma mayor fuerza la versión de que el Ejecutivo solicitaría la correspondiente autorización legislativa para contraer un crédito que le permita afrontar sus obligaciones, estimando que la baja recaudación podría continuar por varios meses hasta que se vaya dejando atrás la cuarentena obligatoria para la prevención del Covid-19.