El Gobierno de la Provincia aborda con una medida temporal y excepcional el complejo escenario financiero y fiscal derivado de la emergencia sanitaria y epidemiológica por coronavirus. La referencia corresponde al Decreto Acuerdo Nº 785, por el cual el Poder Ejecutivo dispuso que no podrá superar la suma de $100.000 la remuneración neta de la totalidad de funcionarios y empleados públicos cualquiera sea su jerarquía o escalafón, dependientes de la administración pública provincial centralizada, organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, entres en los que el Estado provincial posee capital mayoritario o interviniente, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción, Juzgados Contravencionales, Banco de Desarrollo y Ente Residual. Las remuneraciones correspondientes al resto de trabajadores estatales, no serán alcanzadas por el citado decreto.
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El Gobierno de la Provincia aborda con una medida temporal y excepcional el complejo escenario financiero y fiscal derivado de la emergencia sanitaria y epidemiológica por coronavirus. La referencia corresponde al Decreto Acuerdo Nº 785, por el cual el Poder Ejecutivo dispuso que no podrá superar la suma de $100.000 la remuneración neta de la totalidad de funcionarios y empleados públicos cualquiera sea su jerarquía o escalafón, dependientes de la administración pública provincial centralizada, organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, entres en los que el Estado provincial posee capital mayoritario o interviniente, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción, Juzgados Contravencionales, Banco de Desarrollo y Ente Residual. Las remuneraciones correspondientes al resto de trabajadores estatales, no serán alcanzadas por el citado decreto.
Cabe destacar, que el dispositivo exceptúa a directores, coordinadores y empleados dependientes del Ministerio de Salud; directores de escuelas de los distintos niveles y empleados del Ministerio de Educación y a todos los integrantes de las fuerzas de la Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario, dependientes del Ministerio de Seguridad.
Además, invita a los poderes Judicial y Legislativo, ministerios públicos de la Acusación y de la Defensa, municipios y comisiones municipales a adherir a esta disposición, la cual tendrá vigencia por el plazo de 6 meses prorrogable por igual período o mientras dure la emergencia.