A través del decreto acuerdo 785-HF-20 que fue ratificado por la Ley 6.155, el Gobierno de la Provincia fijó un tope salarial de $100 mil pesos para los funcionarios y agentes de la administración pública provincial e invitó de manera informal al Poder Judicial a adherir a la medida, desde donde indicaron que esta semana se analizará la medida y que la adhesión sería una posibilidad.
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A través del decreto acuerdo 785-HF-20 que fue ratificado por la Ley 6.155, el Gobierno de la Provincia fijó un tope salarial de $100 mil pesos para los funcionarios y agentes de la administración pública provincial e invitó de manera informal al Poder Judicial a adherir a la medida, desde donde indicaron que esta semana se analizará la medida y que la adhesión sería una posibilidad.
La Ley 6.155 contempla a funcionarios y trabajadores de la administración pública provincial centralizada, organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, entes en los que el Estado provincial posee capital mayoritario o interviene, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción, Juzgados Contravencionales, Banco de Desarrollo Sociedad del Estado y Ente Residual no cobren más de 100 mil pesos de sueldo neto.
En diálogo con el vocero del Poder Judicial, Pablo Ponce, pudimos conocer que esta semana se reunirá el Superior Tribunal de Justicia con el propósito de analizar la medida. Ponce indicó que habría posibilidad de una adhesión, al mismo tiempo que explicó que para que esto ocurra debe cumplirse con el circuito formal de comunicación.
El Poder Ejecutivo debe publicar la norma en el Boletín Oficial y después comunicarla al Poder Judicial. "Hoy que es el primer día en que se retoman las actividades no hemos recibido la comunicación oficial del Poder Ejecutivo invitando a la adhesión, cuando eso ocurra seguramente el Superior Tribunal analizará la norma y es competencia del plenario tomar la decisión al respecto", dijo el vocero. Consideró que esta reunión en la que los jueces analicen la adhesión podría ocurrir entre miércoles o jueves de esta semana. "Seguramente habrá algún plenario", agregó.
Comentó que existen dificultades para concretar las reuniones ya que la mayoría de los integrantes tienen más de 65 años y están contemplados dentro del grupo de riesgo al que se le recomienda no salir de sus domicilios.
Fredy Berdeja, dirigente gremial de los empleados judiciales, indicó que ante la posibilidad de la adhesión a la norma por parte del Poder Judicial no será una medida que afecte a los trabajadores ya que los que más cobran están un 30% debajo del tope establecido por el Gobierno de la Provincia.
Berdeja dijo que la adhesión o no a la norma es una competencia del Superior Tribunal de Justicia con la opinión del Colegio de Magistrados y que los dirigentes gremiales no tienen la potestad de inmiscuirse en el tema.
Por otro lado, se refirió al pedido que realizaron los sindicatos estatales en el marco de la pandemia y aseguró que junto a la Intersindical y el Frente Amplio Gremial, solicitaron que los trabajadores no sean afectados por ningún descuento, ninguna distorsión en los sueldos y el "cese de los despidos en los municipios" sea cual fuere la situación de revista de los trabajadores.
Respecto a este tema indicó que según indicaron los delegados gremiales del sindicato de los obreros municipales que en el interior se registraron muchas cesantías y despidos.
"Esta situación nos preocupa muchísimo ya que son trabajadores que en medio de una situación de crisis no tendrán ni el ingreso de sus sueldos mínimos", enfatizó.
El gremialista se refirió a la ley aprobada que impide los despidos en la administración pública por 60 días e indicó que es positivo que el pedido de los gremios haya sido escuchado aunque consideró que el período establecido es insuficiente.
Los detalles del decreto
En el Decreto Acuerdo Nº 785, ratificado por la Ley 6.155, el Poder Ejecutivo dispuso que la remuneración neta de la totalidad de funcionarios y empleados públicos cualquiera sea su jerarquía o escalafón, dependientes de la administración pública provincial centralizada, organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, en los que el Estado provincial posee capital mayoritario o interviniente, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción, Juzgados Contravencionales, Banco de Desarrollo y Ente Residual, no podrá superar la suma de $100.000. El dispositivo exceptúa a directores, coordinadores y empleados dependientes del Ministerio de Salud; directores de escuelas de los distintos niveles y empleados del Ministerio de Educación y a todos los integrantes de las fuerzas de la Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario, dependientes del Ministerio de Seguridad. La norma también podría ser adoptada por los otros poderes de la provincia.