La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy rechazó ayer el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria a Alberto Callao, excabo del Ejército condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy rechazó ayer el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria a Alberto Callao, excabo del Ejército condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
El organismo denunció la "ilegalidad en que ha incurrido el Juzgado de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy" por la resolución adoptada a favor del represor, a través de un comunicado.
Callao fue condenado por haber sido partícipe necesario de la "privación ilegítima de la libertad calificada", recordó la Asamblea.
El debate oral y público, realizado en el 2015, investigó el secuestro de militantes del Partido Comunista, a quienes se los llamó el grupo Tumbaya, privado de su libertad en la localidad del mismo nombre y en la capital jujeña, entre agosto y diciembre de 1976.
Para la Apdh el órgano judicial "no ha dado cumplimiento a la Ley de Víctimas (27.372) que establece que antes de pronunciarse sobre la morigeración de las condiciones de detención de un condenado, debe consultar el parecer de sus víctimas".
En ese marco, repudió a través de un comunicado tanto el proceder del Juzgado de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy, por ser "claramente ilegal", así como su resolución por ser "inaceptable que el beneficiario de ésta sea alguien que ha cometido los delitos más aberrantes que prevé el ordenamiento jurídico nacional e internacional".
El represor condenado Alberto Callao cumplió funciones en el Ejército Argentino, bajo las órdenes del teniente Rafael Mariano Braga, también penado en múltiples juicios por delitos de lesa humanidad.
El 15 de diciembre de 1976 participó del operativo de traslado de los presos ilegales de la dictadura Paulino Galeán, Cresente Galeán, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Manuel Ismael Vivas, Rosa Santos Mamaní, Santiago José Abán, José Nemecio Flores, Remigio Ángel Guerra, Pablo Roberto Lacsi, Pedro Pablo Ramos y Santiago Ramos.
Ese operativo fue organizando en conjunto entre el Ejército y la Policía provincial, con participación del Servicio Penitenciario provincial y consistía en llevar a los detenidos ilegalmente desde el penal del barrio Gorriti hasta el aeropuerto jujeño para abordar un avión, que nunca llegó.