Por BERNARDO ROMERO QUINTELA, Alternativa Ciudadana
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Por BERNARDO ROMERO QUINTELA, Alternativa Ciudadana
El delito de extorsión se ha determinado a lo largo de la historia, como parte de la actividad del crimen organizado y el terrorismo, un gran porcentaje de las víctimas de extorsión no denuncia los hechos por los riesgos que acarrea, sobre todo en casos de extorsión social. Bolivia convive en un contexto recurrente de grupos armados, organizaciones sociales y sindicales que utilizan la extorsión como modus operandi para satisfacer sus exigencias y llevar a cabo un plan estratégico siniestro de división y poder. No se puede delimitar las consecuencias que la extorsión genera en las víctimas y peor aún en la sociedad.
Las amenazas son el elemento persuasivo más eficaz para llevar a cabo esta acción que constituye una forma de agresión instrumental en la que el efecto de la violencia o intimidación vulnera la libertad y la justicia imparcial ante la sociedad. Por supuesto que el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica son elementos primordiales en el funcionamiento y la existencia de cualquier sistema democrático, así como un canal que permite a las personas, organizaciones sociales y sindicales expresar sus demandas, disentir o reclamar al gobierno, sobre alguna situación en particular ya sea el incumplimiento de los derechos políticos, económicos, laborales, sociales, culturales y ambientales, sin embargo estos derechos terminan cuando comienzan los de una sociedad en su conjunto.
En Bolivia la línea entre el derecho a la protesta y la extorsión es muy delgada, hasta el punto que se podría decir que los gobiernos y parte de la sociedad presentan trastornos psicológicos, algunos de carácter temporal y otros crónicos, debido a los recurrentes ataques y amago de bloqueo de alimentos, incendio o cerco a las ciudades e inclusive amenazas de guerra civil. Esto lo podemos evidenciar con los bloqueos efectuados el pasado mes de agosto donde los manifestantes no dejaban pasar ni siquiera el oxígeno a los hospitales. Pero antes debemos recordar el caso de Ernesto Suarez donde el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) decidió cancelar la personería jurídica de la principal fuerza opositora perteneciente al departamento del Beni, por haber difundido de forma pública encuestas de opinión internas, en este caso, Suarez y sus 228 candidatos no pudieron participar en los comicios departamentales del pasado marzo 29 de 2015.
La ley electoral promulgada el 30 de junio de 2010, en su parágrafo III del artículo 136, establece que "las empresas especializadas de opinión pública, instituciones académicas y/u otras entidades públicas o privadas, o cualquier persona, serán sancionadas, en el marco de las faltas y delitos electorales, cuando difundan resultados de encuestas preelectorales, encuestas en boca de urna, conteos rápidos y otros estudios de opinión, con fines electorales: a) Sin estar habilitadas por el Órgano Electoral Plurinacional; b) Fuera del plazo establecido en la presente Ley; c) Que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos definidos en Reglamento".
En contraposición, el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, cometió presuntamente el mismo delito que Suarez, el pasado 14 de julio en un programa de televisión, dio a conocer una encuesta interna de intención de voto realizada por su partido, dada esta situación los movimientos sociales afines al Movimiento al Socialismo amenazaron con paralizar el país y convulsionarlosi en caso que fueran inhabilitados sus candidatos, haciendo caso omiso a dicha ley electoral. Como podemos ver, la extorsión política es aún más compleja y nos muestra el modus operandi que usa el Movimiento al Socialismo, utilizando la extorsión, el bloqueo y la amenaza para evadir la ley, vulnerar los derechos de la sociedad y consolidar los caprichos de su organización criminal, mediante este mecanismo plantea sus objetivos delictivos y coartan los derechos de miles de bolivianos.
Muestra de su fuerza y su poder extorsivo fue el cierre de carreteras, no permitiendo así el paso de insumos médicos ni alimentos, en plena pandemia los manifestantes afines al Movimiento al Socialismo obstruyeron el acceso a las ciudades y más de seis millones de personas quedaron aisladas. Los simpatizantes del MAS que se asentaron en los más de 70 puntos de bloqueo demandaban una fecha fija para las elecciones. Cabe recalcar que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) no inhabilitará al Movimiento al Socialismo, entendiendo que la extorsión está por encima de las propias leyes impartidas en Bolivia, todo esto debido al miedo que se tiene a estas acciones de convulsión y amenazas de bloqueo que atentan contra el estado en su conjunto. Haciéndole creer al pueblo que cualquier medida de autoprotección es insuficiente, obligándole a aceptar sus peticiones.
El país se ve afectado en sus esferas más íntimas, este se encuentra comprometido a vivir en alerta y en un continuo sufrimiento, pues la población está sumida en la ansiedad, aguardando la posibilidad de represalias y volver a ser víctima de estos grupos organizados. Consensuar una definición de la delincuencia organizada no es tarea fácil; sin embargo, el principio de criminología define la criminalidad organizada como actividad que implica la existencia de grupos con reglas de actuación, con objetivos definidos y con la transmisión de normas y pautas de comportamiento entre los miembros.
La extorsión se entiende como una actividad que tienen en común el terrorismo y el crimen organizado. La consulta que nos hacemos es ¿hasta cuándo el Estado seguirá siendo servil a la intimidación y la extorsión mafiosa? ¿Cuándo gozaremos de un gobierno que muestre firmeza ante las agresiones que sufrimos los bolivianos? ¿Cuándo tendremos políticas de Estado que resguarden nuestros derechos como sociedad? Entiendo que cualquier persona que amenace la integridad del país y de la población debería atenerse a las consecuencias y al pes