En el Gobierno ya admiten por lo bajo que su preocupación central está enfocada en cómo será la gobernabilidad a partir del 15 de noviembre y no tanto en cuál será el resultado de las elecciones generales, a las que consideran muy difíciles de remontar tanto por la diferencia que sacó Juntos por el Cambio como por los graves problemas económicos que acechan a la Argentina.
Los actores de los tres principales espacios del Frente de Todos -kirchnerismo, albertismo y peronismo tradicional- saben que se vendrá un nuevo debate sobre el liderazgo de la fuerza y también sobre cuál será el rumbo económico a seguir de cara a 2023, algo que hoy es imposible de revelar porque muchos consideran que contendría un inevitable ajuste en el gasto público. No es noticia que anunciar una reducción de la ayuda social en plena campaña electoral equivale, literalmente, a pegarse un tiro en la pierna, y nadie en el Gobierno está dispuesto a eso.
El recorte viene siendo una de las exigencias fundamentales del Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo, que difícilmente se firme antes de febrero próximo. Ese retraso, entre muchos otros factores, está teniendo un impacto directo en la ascendente cotización del dólar, que se acerca rápidamente a los $200 y sin demasiada certeza sobre cuál puede ser su techo.
Alcanzar un entendimiento con el organismo multilateral traerá serias consecuencias en materia de tarifas y subsidios, pero no acordar con el Fondo eliminará totalmente el crédito productivo, aumentará el Riesgo País e incrementará mayúsculamente la incertidumbre económica. De una forma o la otra, está claro que se vienen tiempos sumamente complejos para el país, y que requerirán de mucha fortaleza política para poder afrontarlos.
¿Estará dispuesta Cristina a tener dos años previos a las presidenciales con mucha menos asistencia social y con una brecha cambiaria bastante menor que la actual? Esa es la pregunta más relevante que se realizan los empresarios y también muchos de los ministros del Gabinete. Según la mayoría de los discursos públicos del kirchnerismo más duro, un gran ajuste no está para nada en sus planes, y ayer Máximo Kirchner volvió a dejarlo explícitamente claro durante un acto en Lanús.
“Sabemos que el Gabinete no quedará como está ahora. Se habla de cambios en el área económica y también de una mayor peronización en las segundas líneas. Lo que no se sabe es si continuará Juan Manzur en la jefatura de Gabinete, ya que pidió licencia en Tucumán sólo hasta el 14 de noviembre”, señaló ayer a El Tribuno un estrecho colaborador del jefe de Estado que solicitó reserva de su identidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ya fue jefe de Gabinete de Cristina, aguarda ansioso esa resolución, al igual que la continuidad o no de Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda.
La inflación y el aumento del dólar paralelo son una preocupación generalizada en todos los sectores de la economía, y hasta el momento no se conoce ningún plan específico para poder poner en caja esas variables. El congelamiento de precios que anunció Roberto Feletti generó fuertes roces con los empresarios, a quienes el Gobierno se había acercado la semana pasada en un intento de dar señales de previsibilidad al mercado. En diálogo con El Tribuno, un empresario que está incluido en el control de precios sostuvo que “nadie va a trabajar a pérdida” y que “después de las elecciones habría que rediscutir los valores de los productos ya que todo indica que se descongelarán las tarifas y también los combustibles”.
¿Tendrá un impacto fuerte esta medida en los índices inflacionarios? Dos economistas consultados por este diario afirman que no, ya que los precios congelados son poco más de 1.400 y la actividad económica del país contiene muchísimos más que siguen aumentando sin pausa. A esto se le suma el fantasma de un eventual desabastecimiento en las góndolas, teniendo en cuenta la poca motivación que tendrán las empresas alimenticias para volver a fabricar los productos que tengan que reponer, por el escaso margen de ganancia que obtendrán a cambio. Es probable que el congelamiento pueda funcionar medianamente bien al principio, cuando las compañías aún tienen stock en sus depósitos, lo difícil será sostener esta situación en el tiempo.
Es evidente que el Gobierno no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se desintegra el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, el asunto es que prohibir las subas de precios sin un ordenamiento macroeconómico es sólo un parche para un problema mucho mayor, que es el enorme déficit fiscal y la descontrolada emisión monetaria. Nadie en el equipo económico se anima a hablar específicamente de las causas que generan la inflación.
Las últimas encuestas que llegaron a manos del Presidente esta semana muestran un deterioro en las expectativas de recuperación de la actividad en el corto plazo y también pesimismo sobre lo que ocurrirá en el año próximo. Alberto Fernández y Cristina Kirchner padecen hoy las dificultades del presente pero también la falta de confianza en la economía hacia el futuro, lo que complica la estrategia de campaña de generar un mejor clima político en torno al Gobierno. El desafío del oficialismo es, sobre todo, dar vuelta los malos augurios que se tienen para el año próximo, en donde comenzará a delinearse quién será el candidato a presidente que -seguramente- se enfrentará con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
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En el Gobierno ya admiten por lo bajo que su preocupación central está enfocada en cómo será la gobernabilidad a partir del 15 de noviembre y no tanto en cuál será el resultado de las elecciones generales, a las que consideran muy difíciles de remontar tanto por la diferencia que sacó Juntos por el Cambio como por los graves problemas económicos que acechan a la Argentina.
Los actores de los tres principales espacios del Frente de Todos -kirchnerismo, albertismo y peronismo tradicional- saben que se vendrá un nuevo debate sobre el liderazgo de la fuerza y también sobre cuál será el rumbo económico a seguir de cara a 2023, algo que hoy es imposible de revelar porque muchos consideran que contendría un inevitable ajuste en el gasto público. No es noticia que anunciar una reducción de la ayuda social en plena campaña electoral equivale, literalmente, a pegarse un tiro en la pierna, y nadie en el Gobierno está dispuesto a eso.
El recorte viene siendo una de las exigencias fundamentales del Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo, que difícilmente se firme antes de febrero próximo. Ese retraso, entre muchos otros factores, está teniendo un impacto directo en la ascendente cotización del dólar, que se acerca rápidamente a los $200 y sin demasiada certeza sobre cuál puede ser su techo.
Alcanzar un entendimiento con el organismo multilateral traerá serias consecuencias en materia de tarifas y subsidios, pero no acordar con el Fondo eliminará totalmente el crédito productivo, aumentará el Riesgo País e incrementará mayúsculamente la incertidumbre económica. De una forma o la otra, está claro que se vienen tiempos sumamente complejos para el país, y que requerirán de mucha fortaleza política para poder afrontarlos.
¿Estará dispuesta Cristina a tener dos años previos a las presidenciales con mucha menos asistencia social y con una brecha cambiaria bastante menor que la actual? Esa es la pregunta más relevante que se realizan los empresarios y también muchos de los ministros del Gabinete. Según la mayoría de los discursos públicos del kirchnerismo más duro, un gran ajuste no está para nada en sus planes, y ayer Máximo Kirchner volvió a dejarlo explícitamente claro durante un acto en Lanús.
“Sabemos que el Gabinete no quedará como está ahora. Se habla de cambios en el área económica y también de una mayor peronización en las segundas líneas. Lo que no se sabe es si continuará Juan Manzur en la jefatura de Gabinete, ya que pidió licencia en Tucumán sólo hasta el 14 de noviembre”, señaló ayer a El Tribuno un estrecho colaborador del jefe de Estado que solicitó reserva de su identidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ya fue jefe de Gabinete de Cristina, aguarda ansioso esa resolución, al igual que la continuidad o no de Martín Guzmán en el Palacio de Hacienda.
La inflación y el aumento del dólar paralelo son una preocupación generalizada en todos los sectores de la economía, y hasta el momento no se conoce ningún plan específico para poder poner en caja esas variables. El congelamiento de precios que anunció Roberto Feletti generó fuertes roces con los empresarios, a quienes el Gobierno se había acercado la semana pasada en un intento de dar señales de previsibilidad al mercado. En diálogo con El Tribuno, un empresario que está incluido en el control de precios sostuvo que “nadie va a trabajar a pérdida” y que “después de las elecciones habría que rediscutir los valores de los productos ya que todo indica que se descongelarán las tarifas y también los combustibles”.
¿Tendrá un impacto fuerte esta medida en los índices inflacionarios? Dos economistas consultados por este diario afirman que no, ya que los precios congelados son poco más de 1.400 y la actividad económica del país contiene muchísimos más que siguen aumentando sin pausa. A esto se le suma el fantasma de un eventual desabastecimiento en las góndolas, teniendo en cuenta la poca motivación que tendrán las empresas alimenticias para volver a fabricar los productos que tengan que reponer, por el escaso margen de ganancia que obtendrán a cambio. Es probable que el congelamiento pueda funcionar medianamente bien al principio, cuando las compañías aún tienen stock en sus depósitos, lo difícil será sostener esta situación en el tiempo.
Es evidente que el Gobierno no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo se desintegra el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, el asunto es que prohibir las subas de precios sin un ordenamiento macroeconómico es sólo un parche para un problema mucho mayor, que es el enorme déficit fiscal y la descontrolada emisión monetaria. Nadie en el equipo económico se anima a hablar específicamente de las causas que generan la inflación.
Las últimas encuestas que llegaron a manos del Presidente esta semana muestran un deterioro en las expectativas de recuperación de la actividad en el corto plazo y también pesimismo sobre lo que ocurrirá en el año próximo. Alberto Fernández y Cristina Kirchner padecen hoy las dificultades del presente pero también la falta de confianza en la economía hacia el futuro, lo que complica la estrategia de campaña de generar un mejor clima político en torno al Gobierno. El desafío del oficialismo es, sobre todo, dar vuelta los malos augurios que se tienen para el año próximo, en donde comenzará a delinearse quién será el candidato a presidente que -seguramente- se enfrentará con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.