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Días pasados, la sociedad jujeña se conmocionó con la denuncia de una niña de 13 años que denunció que sufrió abuso sexual de parte de un docente de geografía, que no fue separado del cargo hasta que todo el alumnado decidió realizar una sentada pidiendo a la institución educativa que tome medidas al respecto.
Ante el hecho, la directora de la institución, quien luego de haber enviado a varios docentes a pedirles a los alumnos que "se comportaran", dialogó con el alumnado y ante las cámaras de los medios locales en donde expresó no tener conocimiento de denuncias anteriores, pese a que hubo alumnas que expresaron que ya había presentado quejas en contra del docente.
Ante esta situación, se torna primordial recordar qué es lo que dice el protocolo de actuación que deben cumplir las instituciones educativas. En diálogo con Sandra Correa, responsable del programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Eduación de la Provincia, indicó que el área trabaja de forma constante a través de la entrega de herramientas y formación de cómo actuar ante este tipo de situaciones. Por otro lado, indicó que el protocolo de actuación que se aplica está bajo el marco de la Ley Nacional de ESI, y toda la normativa internacional que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante un presunto caso de abuso sexual en el ámbito educativo.
Los protocolos de intervención se sostienen en ciertos principios generales que deben ser respetados y garantizados en todo sistema relacionado con la investigación de delitos sexuales contra niños, niñas y/o adolescentes. Hay un amplio y notable consenso a nivel internacional acerca de los mismos.
La regulación de principios generales persigue guiar a los operadores (abogados, psicólogos, trabajadores sociales, personal policial, docentes, etc.) en casos de dudas sobre la aplicación de las disposiciones protocolares, logrando intervenciones rápidas y eficaces.
El diseño del protocolo obedece a optimizar la atención, contención y defensa de los niños y niñas víctimas de delitos, enmarcando la recolección de pruebas que estos puedan aportar en ese mismo contexto protector de derechos.
Estos principios pueden ser sintetizados de la siguiente manera: Protección y bienestar del niño, niña y adolescente(NNyA). El interés Superior del niño y la niña: en todo momento debe tenerse primordialmente en cuenta los intereses del NNyA. También deben atenderse sus opiniones y visiones dentro del proceso respetándose su dignidad, igualdad y libertad.
Derecho a un trato digno: la NNyA debe ser siempre tratada con cuidado y sensibilidad, teniendo en cuenta para cualquier tipo de intervención su situación personal, sus necesidades, su edad, grado de madurez, etc.
Protección de la salud: en todos los casos se debe priorizar el cuidado, respeto y protección de la NNyA garantizando el más alto nivel posible de salud física y psíquica y el acceso a servicios de tratamiento integral.
La denuncia
En cuanto a la denuncia, Sandra Correa explicó que si la develación de un presunto abuso se hizo en el ámbito educativo, la denuncia debe ser realizada por la institución.
El proceso sería elaborar un acta en la que no devele la identidad de la niña o niño, comunicar a los tutores de los ocurrido y luego realizar la denuncia ante los organismos de protección de la infancia, como las Oficinas de Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes y ante la Justicia en caso de ser necesario.
"La institución educativa de inmediato debe hacer un acta, convocar a los padres del alumno o alumna y hacer la denuncia en la Policía.
A los padres se les debe ofrecer la opción de la llamada a la Línea 102 que es aquella que está habilitada para situaciones en donde se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Desde ese momento comienza a intervenir la Oficina de Protección de Derechos, se les da todas las pautas a los padres e interviene la Justicia como corresponde", agregó.