Por MARINA DAL POGGETTO Economista.
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Por MARINA DAL POGGETTO Economista.
El Gobierno declamó, pero no implementó un acuerdo de precios: hasta ahora, se controlaron algunos precios y otros no. Con un nivel de inflación del 50% y la perspectiva de que en 2022 el nivel de precios sea mayor, un acuerdo de precios como el que se implementó no es un elemento relevante, sino un gesto político, más allá de la baja circunstancial del índice de precios al consumidor del mes pasado respecto de los meses previos.
De todos modos, como se señaló en el comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) del viernes pasado, para frenar la inercia previa se necesita un acuerdo de precios y salarios, pero como parte de un programa económico integral.
En este sentido, el Gobierno requiere de una combinación: ni un acuerdo de precios y salarios solamente, ni política fiscal aislada, sino ambos, combinados.
Lo que se debe buscar el acuerdo en particular es que se bajen los márgenes de los que ganaron, pero no con una estrategia que reduzca los stocks disponibles, sino con medidas que fomenten un aumento de la oferta.
Si se insiste con este tipo de acuerdos, que nunca funcionaron, el problema se agravará.
En este sentido, no se puede tratar de controlar los precios y, a la vez, incentivar el consumo con un exceso de pesos en el mercado y el crédito dirigido, porque estas decisiones generan aumento en el nivel actividad, que, en un contexto de incertidumbre y falta de incentivos a la oferta, deriva en un aumento de los precios.
Los síntomas de la economía son: una inflación del 50%, brecha cambiaria arriba del 100% y una fuerte dispersión de precios.
Al asumir que se necesita un plan de estabilización hay que entender que el contexto es complejo, porque se llevará adelante sin dólares y con las dos anclas que se usaron para frenar la inflación, dólar y tarifas, moviéndose a un ritmo mayor que este año.
A la vez, se mantienen las incertidumbres sobre los avances de la negociación con el organismo multilateral, aunque el tiempo apremia porque en marzo se concentran una gran cantidad de vencimientos y el Gobierno ya no contará con los recursos extraordinarios de los derechos especiales de giro que recibió en agosto pasado para abonar los pagos de septiembre y de este mes.
Al respecto, el hecho de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, haya ido este lunes al Congreso Nacional a defender un presupuesto viejo, presentado en septiembre pasado, refleja que no avanzó el acuerdo.
En suma, en 2022 la inflación va a ser más alta que este año, pero dependerá de las anclas que se utilizan para que no se convierta en un problema demasiado grande. Los acuerdos de precios seguramente no son la respuesta para que ello no ocurra.
Por lo tanto, seguramente el gobierno utilice el salario como ancla en 2022, que no es un año electoral.
Pero hay que tener en claro que los planes de estabilización no son expansivos; el último ejemplo en el sentido contrario fue la Convertibilidad, que inicialmente no frenó la inercia y por eso hubo dos años más de inflación desde que se puso en marcha.
Por lo tanto, lo que se requiere es un programa de consistencia fiscal, un manejo prudente de la política monetaria y un achicamiento de los márgenes en forma virtuosa con una baja de costos impositivos y laborales.
Mientras tanto, la inflación va a terminar en torno del 50% este año y las anclas van a ser más complejas en 2022.
Solo resta observar cómo opera el acuerdo con el FMI en este sentido, porque -dado el probable diseño gradual del programa- el financiamiento monetario va a seguir.