El Ministerio Público de la Acusación (MPA) requirió ante el Juzgado de Control Nº 6, que una legisladora provincial sea citada a juicio oral acusada de coacción y amenazas.
inicia sesión o regístrate.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) requirió ante el Juzgado de Control Nº 6, que una legisladora provincial sea citada a juicio oral acusada de coacción y amenazas.
Ernesto Lian Resúa, quien estuvo a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N.º 12, desarrolló la IPP. La diputada provincial está acusada de ser la presunta autora de los delitos de "amenazas y coacción (siete hechos) en concurso real".
Además se solicitó que se ponga en conocimiento a la Legislatura Provincial a los fines de requerir el trámite constitucional de desafuero de la diputada.
Los hechos que se le imputan a la actual diputada datan desde el año 2012, cuando en su carácter de apoderada de su cónyuge, suscribió un compromiso de colaboración con el Estado y dividir terrenos en la ciudad de Fraile Pintado para la entrega de lotes.
La imputada suscribió boletos de compraventa por cada lote alrededor de 30 mil pesos. Tras la operación la legisladora entregó terrenos de su elección a los damnificados.
A la primera damnificada, luego de pagar 48 cuotas, la acusada se negó a seguir recibiendo el pago. Cuando la pudo confrontar, la damnificada recibió amenazas directas de parte de la diputada.
Dentro de este mismo escenario relacionado a la entrega de lotes, los otros 6 hechos ocurrieron entre los años 2012 y 2017.
La legisladora amenazaba a las víctimas y las obligaba a realizar tareas políticas y tareas de limpieza en un hotel de su propiedad.
Las amenazas eran directas ya que les decía que si no cumplían con sus órdenes y realizaban las tareas que les asignaba, le quitaría los lotes, o no le cobrarías las cuotas, los que implicaba un incumplimiento de contrato de compraventa y por ende la pérdida del terreno.