Femicidios que dejan al descubierto la urgencia de cambios judiciales

Mañana muchas jujeñas irán una vez más a una marcha para pedir Justicia por otra mujer que fue víctima de femicidio en nuestra provincia. Marina Patagua fue víctima del primer femicidio de este año en Jujuy, su muerte ocurrió a menos de una semana del femicidio de Ursula Bahillo, ambas muertes tienen un común denominador, habían denunciado a sus victimarios y Estado no tuvo la presencia suficiente para evitar sus muertes.

Este es el motivo de la marcha que se realizará mañana a las 17 en la Plaza Belgrano de la capital jujeña y en simultáneo a todas las plazas del país.

El femicidio de Marina Patagua podría haberse evitado. La víctima había denunciado a su expareja por violencia de género por lo que el femicida, Juan Carlos Gutiérrez, fue detenido en diciembre y liberado el 21 de enero por orden del juez Pablo Pullen Llermanos, responsable del Juzgado de Violencia de Género.

El viernes pasado, Gutiérrez la apuñaló en su casa en el barrio Los Huaicos, los vecinos dieron aviso a la Policía al escuchar sus gritos, cuando llegaron ya había sido herida gravemente y murió al llegar al hospital.

Mañana cuando en todo el país las movilizaciones bajo la consigna Ni Una Menos pidan Justicia por Úrsula Bahillo, en Jujuy también se pedirá Justicia por Marina Patagua y cambios urgentes el proceso judicial para que ninguna mujer que se anima a denunciar sea abandonada hasta su muerte.

Ante este panorama, organizaciones feministas y de la sociedad civil interpelan a la Justicia y al Estado por su falta de presencia y cuyas medidas no logran prevenir, ni proteger a las mujeres en situación de violencia de forma eficiente.

Haciendo un análisis profundo de esta realidad que aqueja no solo a nuestra provincia sino a todo el país, la editora de género y diversidad de Télam Silvina Molina, consultó con funcionarias y abogadas sobre el laberinto judicial al que se enfrenta una mujer cuando decide denunciar que está en situación de violencia de género, con ausencia de controles a victimarios y sin medidas de protección adecuadas.

Cuando una mujer decide denunciar que está en situación de violencia de género se encuentra en un laberinto judicial, con falta de coordinación entre juzgados e instituciones, con ausencia de controles a victimarios, sin medidas de protección adecuadas, una síntesis de las falencias de la Justicia que muestran la urgencia de cambios judiciales para evitar femicidios.

En Argentina, una mujer es asesinada en contexto de femicidio, en promedio, cada 30 horas. Por lo tanto, hay hombres que, cada 30 horas, matan mujeres. Las cifras, son personas.

Y el femicidio de Úrsula Bahillo y en Jujuy el de Marina Patagua volvió, una vez más, a poner en agenda las carencias del sistema judicial.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, Sergio Terrón, que investiga el femicidio de Bahillo, lo reconoció ante la prensa el viernes pasado "evidentemente funcionó mal (el sistema judicial) porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada. Con lo que teníamos no alcanzó", dijo.

¿Qué hacer para que alcance?

“Tomarse en serio las experiencias y la palabra de las mujeres”, es lo esencial para Raquel Asensio, titular de la comisión de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN). La funcionaria consideró que para que eso ocurra, operadoras y operadores de la justicia “deben capacitarse para evaluar el riesgo en que se encuentran quienes denuncian violencia de género, y que se tomen en serio el deber de adoptar medidas apropiadas de protección”. Y que además de “investigar seriamente” las denuncias se “sancione a los responsables y exista reparación a las víctimas”.

“Las órdenes de protección son incumplidas sin ninguna consecuencia tangible. No se aplican las sanciones”. Las capacitaciones “en serio” para quienes tienen la responsabilidad de aplicar justicia, es decir, hacer efectiva la amplia legislación sobre prevención y asistencia en violencia de género que hay en el país, es también un reclamo de la abogada Soledad Deza. La profesional tucumana, presidenta de la fundación Mujeres x Mujeres, enfatizó que la perspectiva de género “es seria, no se incorpora con una charla enlatada. Tiene que haber evaluaciones de competencia e impacto en las sentencias.

Es urgente”. Entonces, además de que una mujer cuando llega a la instancia de denuncia se encuentra con que no hay personal capacitado para acompañarla, también comienza a transitar un laberinto judicial, ya que la causa que se inicia tiene dos instancias, una civil y una penal. Y es sólo el principio. “Es muy difícil atravesar el laberinto de procesos, de instituciones, de formas y procedimientos”, aportó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“Sin patrocinio jurídico para las mujeres en situación de violencia el acceso a la justicia es poco más que una consigna”, agregó, además de destacar que ese proceso “requiere también de tiempos para el fortalecimiento emocional de las mujeres”. Lo mismo opinó Asensio, que pidió “una nueva forma de organización judicial, que permita un abordaje integral del problema. Ahora, está totalmente fragmentado” porque los juzgados de familia” toman medidas de protección, pero los dispositivos preventivos son insuficientes y deficitarios, con nula o escasa vigilancia de su efectividad y acatamiento”. “Y la Justicia penal suele archivar, desestimar o minimizar las denuncias por incumplimiento”, explicó la especialista de la DGN.

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