El rapero español Pablo Hasel fue detenido y llevado ayer a prisión para cumplir una condena por sus tuits contra la monarquía y las fuerzas de seguridad, lo que generó una diversa repercusión política y protestas en las calles que reavivan el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el país.
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El rapero español Pablo Hasel fue detenido y llevado ayer a prisión para cumplir una condena por sus tuits contra la monarquía y las fuerzas de seguridad, lo que generó una diversa repercusión política y protestas en las calles que reavivan el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el país.
"No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!", gritó con el puño alto el artista cuando la policía lo escoltó fuera de la Universidad de Lérida, en Cataluña, donde se había atrincherado el lunes con una decenas de seguidores.
"Muerte al Estado fascista", vociferó instantes antes de que los Mossos d'Esquadra (policía regional) lo introdujeran en el patrullero, entre abucheos de activistas que protestaban en esta ciudad ubicada a 150 kilómetros de Barcelona.
De allí fue llevado directamente al centro penitenciario local, donde quedó alojado para cumplir la condena a nueve meses de cárcel por los delitos de "enaltecimiento del terrorismo" e "injurias" a la Corona y las fuerzas de seguridad.
En una serie de tuits publicados entre 2014 y 2016 Hasel arremetió contra la monarquía y llamaba, por ejemplo, "mercenarios de mierda" a las fuerzas policiales, a los que acusó de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.
En 2014, el cantante había sido condenado a dos años de cárcel por "enaltecimiento del terrorismo", por unas canciones contra la familia
En esa ocasión, el encarcelamiento no se ejecutó porque el rapero no tenía antecedentes.
La detención provocó una diversa ola de reaciones políticas.
Hasel recibió apoyos desde ámbitos como el intelectual, cultural, artístico y periodístico, con manifiestos firmados entre otros por el reconocido cineasta Pedro Almodóvar o el cantante Joan Manuel Serrat, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional consideraron injusto y desproporcionado el encarcelamiento.