El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó a la pena de prisión perpetua a cuatro jóvenes, luego de comprobarse que acribillaron a tiros a otro joven, hechos ocurridos en 2019 la localidad de Caimancito.
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El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó a la pena de prisión perpetua a cuatro jóvenes, luego de comprobarse que acribillaron a tiros a otro joven, hechos ocurridos en 2019 la localidad de Caimancito.
Se trata de Joaquín Alberto Salazar, Jonatan Gabriel Ortega, Fernando Alberto Avasallo, y Mauricio Nicolás Sosa, quienes fueron sentenciados por la coautoría del crimen de Jairo López.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Felicia Barrios (presidente de trámite), Alejandra Tolaba y Luciano Yapura y la parte dispositiva del fallo, fue dado a conocer por la secretaria del Tribunal, Mariana Córdoba Etchart.
La requisitoria de la Fiscalía establece que el 22 de junio de 2019, Jairo Marcelo Ramón López, salía de su domicilio ubicado en calle Salta y Catamarca del barrio Plan Fil de Caimancito.
López transitaba por la calle Entre Ríos en cercanías del Club Sportivo Leach, donde fue interceptado por los acusados, quienes comenzaron a efectuarle disparos con distintas armas de fuego.
Debido al ataque sufrido, la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital "Oscar Orías" de Libertador General San Martín, donde se produjo su deceso.
Sobre los alegatos
En los alegatos del juicio oral y público, el fiscal Marcelo Cuellar, solicitó la pena de prisión perpetua para Salazar, Ortega, Avasallo y Sosa.
Los abogados defensores fueron Argentino Juárez, por Zalazar, para quien requirió la absolución lisa y llana o en subsidio, el cambio de calificación a de homicidio simple y Jorge Vázquez por Sosa, quien pidió la absolución por el beneficio de la duda para su defendido.
Mientras que, la defensora oficial penal, Adriana Fernández, representante del Ministerio Público de la Defensa Penal, solicitó la absolución Avasallo y Ortega por el beneficio de la duda.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer dentro del plazo legal establecido en el Código Procesal Penal de la Provincia; a partir de lo cuál, las partes podrán solicitar su revisión ante una instancia superior.