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Unicef y su trabajo junto a municipios de la provincia

Jueves, 09 de junio de 2022 01:02

Por MARÍA POTENZA, Oficial de Política Social de Unicef Argentina.

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Por MARÍA POTENZA, Oficial de Política Social de Unicef Argentina.

Para mejorar la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina y en la región, resulta clave enfocarse en las comunidades. Según datos de Indec, aproximadamente el 85% de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Jujuy vive en zonas urbanas, de los cuales un 30% vive cercano a basurales y un 20% en zonas inundables.

Esta situación trae aparejado consigo problemas no solo de acceso a una vivienda adecuada, sino que se relaciona directamente con otras dificultades asociadas a la salud y educación.

La situación de pobreza es, sin dudas, uno de los principales desafíos de la niñez y la adolescencia en Argentina. A más de 30 años de la firma de la Convención de los derechos del niño, todavía alrededor de la mitad de los niños y adolescentes del país y el 58% de aquellos que residen en el aglomerado de Jujuy viven en situación de pobreza.

A lo largo del territorio la pobreza se distribuye de forma desigual: en Jujuy, la pobreza infantil se concentra en las localidades de menor tamaño en donde la incidencia se eleva a poco más del 70%, según datos oficiales.

La existencia de inequidades territoriales es uno de los factores que explican los niveles de vulnerabilidad que afectan a la niñez. Por la magnitud de estas problemáticas se requiere un abordaje integral y el involucramiento de las áreas gubernamentales de diferentes sectores y niveles: nacional, provincial y municipal.

El compromiso de los gobiernos municipales resulta fundamental debido a que son aquellos que tienen un conocimiento directo de las demandas y necesidades de su ciudadanía y territorio, a la vez que pueden articular las intervenciones públicas orientadas a darles repuesta.

En este marco surge Municipio unido por la niñez y la adolescencia (Muna), una de las iniciativas prioritarias del Programa País de Unicef para 2021-2025. Su objetivo consiste en poner en el centro de las agendas municipales la mejora de la gestión orientada a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Se trata de un ciclo de trabajo a cuatro años: en un primer momento, los municipios que son parte realizan, con el acompañamiento de Unicef, un autodiagnóstico para identificar y priorizar las principales problemáticas en sus territorios en materia de niñez y adolescencia. Posteriormente, a partir de los hallazgos del autodiagnóstico, los equipos municipales elaboran y acuerdan un Plan de acción integral, participativo y con enfoque de derechos para llevar a cabo intervenciones que den respuesta a las problemáticas específicas de la comunidad.

Para este año la meta es sumar a 70 municipios de 9 provincias, entre ellas Jujuy, donde se adhirieron a través de la firma de la Carta compromiso los municipios de El Carmen, Fraile Pintado, Humahuaca, Libertador General San Martín, Palpalá, Perico, San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy.

Como parte de este proceso, Unicef llevó a cabo días atrás jornadas de trabajo junto a los equipos técnicos de Perico, San Pedro, Libertador General San Martín y Fraile Pintado. Durante las mismas se pudo intercambiar y profundizar sobre la situación local de la niñez y la adolescencia, y facilitar herramientas y apoyo técnico para que los equipos municipales puedan cumplir una etapa fundamental en el proceso que establece la estrategia Muna, que es el autodiagnóstico.

La iniciativa prevé que aquellos municipios que completen cada etapa de trabajo puedan recibir una certificación que reconozca públicamente los esfuerzos realizados. Muna aporta a la generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias en los municipios. Y para eso, la meta de Unicef es que la iniciativa llegue en cuatro años a 250 ciudades de nueve provincias, con el fin de impactar en la calidad de vida de 3,5 millones de niñas, niños y adolescentes.

De esta forma, se espera lograr mejor salud y educación, mayor acceso a servicios, a protección social y, en definitiva, más derechos garantizados para todos ellos y ellas.