Hace unos días, el 7 de julio, tomó estado parlamentario un proyecto de ley que plantea el uso "exclusivo del lenguaje español oficial" generando así la prohibición del llamado "lenguaje inclusivo" en las escuelas, desató al discusión en la sociedad jujeña. Organizaciones feministas y de los derechos humanos cuestionaron el proyecto y aseguran que la censura de las identidades de género no debe ser avalada por los legisladores provinciales.
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Hace unos días, el 7 de julio, tomó estado parlamentario un proyecto de ley que plantea el uso "exclusivo del lenguaje español oficial" generando así la prohibición del llamado "lenguaje inclusivo" en las escuelas, desató al discusión en la sociedad jujeña. Organizaciones feministas y de los derechos humanos cuestionaron el proyecto y aseguran que la censura de las identidades de género no debe ser avalada por los legisladores provinciales.
El proyecto en cuestión es de autoría del diputado del bloque radical Luciano Angelini, del Partido PRO, y como coautora a la diputada Gabriela Burgos plantea la "necesario regular" el lenguaje inclusivo "cuando se manifiesta con expresiones erróneas" que no forman parte del idioma español "oficial".
El autor del proyecto argumenta que la Constitución de la Provincia de Jujuy en el artículo 37 inciso 1 reconoce y garantiza "la libertad de enseñar y aprender, siempre que no viole el orden público o las buenas costumbres…".
Hace referencia al rol de los docentes indicando que la Ley nacional de Educación en su artículo 67 inciso "b" establece que "es obligación del personal docente cumplir con los lineamientos de la política educativa y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades".
Por lo que indica que se debe implementar "en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, el uso exclusivo del idioma español con sus normas gramaticales y lineamientos oficiales que dicta la Real Academia Española".
La iniciativa también hace referencia a la responsabilidad de todos los docentes a aplicar esta norma "dentro y fuera del aula" así como en las comunicaciones "internas y externas" al establecimiento. El artículo dos muestra de esta forma que la intención del alcance no es solo las escuelas sino también fuera de ellas. Y denomina como agente de aplicación al Ministerio de Educación.
Ante esta propuesta, organizaciones hicieron público su rechazo, a través de un comunicado firmado por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, integrada por Fundación "Damas de Hierro", Movimiento "Ailen Chambi", Ammar JUJUY, AHF Argentina, Secretaría de Laicismo Jujuy, Andhes, Frente de Mujeres Diversidades y Disidencias de La Cámpora, UCR Diversidad, Libres y Diverses Jujuy, Área de Género y Diversidad "Sindicato Luz y Fuerza", Guepardxs, Turismo Lgbt+, Metamorfosis, NuestrAmérica, Fundación "Alas de Amor" Perico y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.
También adhirieron al reclamo Socorro Rosa Jujuy, Centro Regional Estudios Arqueológicos Unju, Red de psicologues con perspectiva de género, MetaArte Cultural, Capoma-DDHH Centro de Acción Popular "Olga Márquez de Arédez" en defensa de los Derechos Humanos, Corriente Sindical Docente.
En un comunicado, las organizaciones indicaron que "a simple vista, el espíritu de esta pretensión resulta inconstitucional toda vez que avasalla garantías como el derecho a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión (artículos 43 y 75 incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional Argentina, Observación General Nº 21 del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales, Principios de Yogyakarta, artículos 25, 28, 30, 31, 37 de la Constitución Provincial de Jujuy). Asimismo, pretende desconocer las conquistas legislativas de nuestra comunidad Lgbti+ a nivel nacional como ser la Ley 26.743 (Identidad de Género) y el Decreto presidencial N°476/21 (DNI no binario) y a nivel provincial la Ley 6.178 (Adhesión a Ley de Identidad de Genero) y 6.193 ( Sistema de Protección de Derechos de Mujeres y personas del colectivo Lgbtiq+)".
Sostienen que "restringe derechos y libertades"
Las entidades que rechazan la iniciativa de ley por considerarla inconstitucional y discriminatoria indican que "dicho proyecto pretende restringir el lenguaje inclusivo, como así también otros idiomas y expresiones o manifestaciones culturales lingüísticas que se encuentren por fuera de lo dictaminado por la 'Real Academia Española' en establecimientos educativos. Sostenemos que los espacios educativos deben ser espacios seguros, que breguen por garantizar derechos, inclusión y el respeto a la diversidad en todas sus formas y con el objeto de generar prácticas y acciones reflexivas que prevengan y colaboren con la erradicación de la violencia y la discriminación. Para ello es importante que las políticas públicas y medidas que se tomen siempre tiendan a la integración de los distintos sectores sociales".
Explican que "el lenguaje es un sistema dinámico, en constante cambio, pero que a la vez es un sistema de apropiación cultural, instrumento de transmisión de sentidos comunes e insumo clave para visibilizar identidades y reconocer derechos históricamente vulnerados".
E instan a la reflexión de "todas, todos y todes les legisladores jujeñes para no acompañar este proyecto violento y discriminatorio. Remarcamos que hacer lugar al mismo implica un mensaje simbólico a la sociedad no solo de retrotraerla a épocas en las que las diversidades y disidencias sexo genéricas estuvieron social, cultural y políticamente condenadas e invisibilizadas".
Señalaron que "quienes avalen este proyecto se suman al avance latinoamericano de sectores fundamentalistas y conservadores que niegan e intentan coartar los derechos y libertades del colectivo Lgbti+; pero así también desde el desconocimiento, la ignorancia y el odio pretenden desconocer nuestras raíces y orígenes. Acompañar este proyecto implica desconocer las distintas interseccionalidades de opresiones que vivimos en nuestro territorio".
Finalmente, indicaron que "llamó nuestra atención que, a tres años de la sanción de la Ley Micaela, en la sesión ordinaria donde se trató el proyecto mencionado, ningún ni ninguna de las y los legisladores presentes, tanto del oficialismo como de la oposición, haya realizado objeción alguna a la toma de estado parlamentario referida".
Exigimos, en caso que continúe el tratamiento de este bochornoso proyecto, sea también tratado en la Comisión de Género de la Legislatura Provincial y que se convoque a las organizaciones de la sociedad civil a realizar aportes ante el manifiesto desconocimiento de nuestros derechos" explicaron las instituciones que firman el comunicado.