A dos años de la sanción de la Ley Iara Nº 6186, ayer se realizó ayer la primera reunión del organismo que tendrá la función de brindar asesoramiento al Consejo de la Mujer para la aplicación de la norma que declaró la emergencia por violencia de género a nuestra provincia.
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A dos años de la sanción de la Ley Iara Nº 6186, ayer se realizó ayer la primera reunión del organismo que tendrá la función de brindar asesoramiento al Consejo de la Mujer para la aplicación de la norma que declaró la emergencia por violencia de género a nuestra provincia.
Este organismo fue creado para dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley Iara, que indica que se creará "en la órbita del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género el Consejo Asesor.
Tendrá la función de asesoramiento permanente y participación en la elaboración de un Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad.
Las integrantes del Consejo cumplirán funciones ad-honorem y estará conformado por representantes del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, organizaciones de mujeres feministas y el Movimiento de Mujeres y del Colectivo Lgbtiqa+, sindicatos, representantes de instituciones públicas, representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y Municipalidades y Comisiones Municipales".
Los integrantes
Son parte del Consejo: Laura Nilda Lamas, vocal del Superior Tribunal de Justicia; Sergio Lello Sánchez, titular del Ministerio Publico de la Acusación; Antonio Buljubasich, ministro de Salud; Alejandra Martínez, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género; diputada Patricia Armella, presidenta de la Comisión de Género e Igualdad de Oportunidades de la Legislatura; diputada Malena Amerise, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Nuria Pena, coordinadora de la Iniciativa Spotlight en Argentina; Carla Majdalani, de ONU Mujeres en Argentina; Dayra Vigabriel, presidenta de la Fundación Damas de Hierro; Cristina Cáceres, de la Fundación Flor de Lirio; el fiscal Alejandro Bossatti; Agustín Garlatti, secretario de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos; Claudia Choque, secretario de Niñez, Adolescencias y Familia; Agustín Yécora, secretario de Salud Mental; Patricia Ríos, secretaria de Desarrollo Productivo; Natalia Navarro, del Ministerio de Seguridad, y Leila Rodríguez, directora provincial de Abordaje a las Violencias por Motivos de Género
Al respecto, la titular del Consejo de la Mujer, Alejandra Martínez, en declaraciones a la prensa, dijo que cada una de las leyes sancionadas en Jujuy son una hoja de ruta para la Provincia y que existe una decisión del Estado de aplicarlas con mucha fuerza para combatir las desigualdades de género y erradicar la violencia hacia las mujeres en todo el territorio provincial.
También agradeció la participación de las organizaciones de la sociedad civil, a la Universidad Nacional de Jujuy y todos los integrantes del nuevo organismo.
Adelantó que en la próxima reunión se conformará el reglamento de funcionamiento para luego avanzar en otras tareas.
"Toda acción contra la violencia es bienvenida"
PATRICIA ARMELLA
La diputada provincial Patricia Armella (PJ) indicó que por invitación del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género participó de la primera reunión del Consejo Asesor Ad Honorem en cumplimiento de la Ley 6.186 (Iara), de Declaración de Emergencia en Materia de Violencia de Género.
"Por lo que pude conocer, en este primer encuentro, el consejo estará integrado por los tres poderes del Estado, la Universidad Nacional de Jujuy y organismos de la sociedad civil. En esta oportunidad la reunión fue de presentación de sus integrantes y en los sucesivos encuentros se avanzará en construir un plan de acción contra la violencia de género para el periodo 2023-2024, explicó la legisladora.
"Me parece importante destacar que el próximo mes de octubre se cumplen dos años desde la sanción de la Ley Iara, que surgió producto de la lucha de miles de mujeres, organizaciones populares, feministas y colectivos de la diversidad que exigieron que instituciones, como la Legislatura, den respuesta a la violencia de género y los femicidios que azotaban la provincia", agregó.
En este sentido, destacó que "toda iniciativa del Estado que busque compromiso y acción contra la violencia de género es bienvenida. Sin embargo, a dos años de la sanción de la ley, también resulta necesario conocer cómo se está ejecutando actualmente, sobre todo teniendo en cuenta que varios de los que integran este nuevo consejo asesor tienen responsabilidad en su ejecución".
"Como presidenta de la comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, considero que es una obligación participar de este consejo y ser transmisora de los proyectos y discusiones que se dan en la Legislatura, ya que son reflejo de las problemáticas que atraviesan las mujeres y la diversidad de nuestra provincia en la actualidad. Sin embargo, quiero insistir en que es necesario saber qué acciones se están llevando a cabo en contra de la violencia de género y los femicidios", acotó la diputada del bloque justicialista.
Ejes esenciales de la norma
Entre los ejes centrales de la ley, se encuentra la asignación de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del objetivo de la normativa. Sobre la autonomía, establece que se establecerán políticas de asistencia económica para mujeres y personas del colectivo Lgbtiqa+ en situación de violencia de género y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social en razón del género y su orientación sexual.
Asimismo, en lo que refiere a educación, la norma dispone que el Ministerio de Educación deberá garantizar en todo el Sistema Educativo Provincial el «Programa Nacional de Educación Sexual Integral" y la ley "Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género". Incorporar a los contenidos de todos los niveles educativos sobre la protección integral contra la violencia de género y violencia de género digital. En materia de salud, indica que el Ministerio de Salud implementará un programa específico para la atención de mujeres, niñas, adolescentes y personas del colectivo Lgbtiqa+ en situación de violencia y vulnerabilidad.
Los policías deberán aprobar una capacitación específica en perspectiva de género y derechos humanos. También implementar tobilleras y medidas de seguridad para agresores denunciados que tengan dictaminadas medidas de exclusión o perimetral, en las que exista riesgo de vida de las víctimas.
Establece que en las municipalidades y comisiones municipales se promoverá la creación de áreas de género y diversidad.
También insta a aplicar programas productivos e inclusión laboral, facilitar el acceso a la vivienda para mujeres en situación de violencia de género.
Fija la inhabilitación para ejercer la función pública para agresores, la obligación de brindar informes semestral al Consejo de la Mujer e impulsa la firma de convenios que impulsen la igualdad de género.