El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó al abogado del fuero local Alberto Nallar a la pena de tres años y seis de prisión efectiva, luego de ser hallado autor penalmente responsable de los delitos de "instigación", "incitación a la violencia colectiva", hechos ocurridos en los cortes rutas del pasado mes de junio en nuestra provincia.
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El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó al abogado del fuero local Alberto Nallar a la pena de tres años y seis de prisión efectiva, luego de ser hallado autor penalmente responsable de los delitos de "instigación", "incitación a la violencia colectiva", hechos ocurridos en los cortes rutas del pasado mes de junio en nuestra provincia.
Además el letrado fue hallado autor de alzarse públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales, en concurso real.
Asimismo, se determinó la inhabilitación para que el imputado ejerza como profesional.
El veredicto fue emitido en la jornada de ayer por los jueces Mario Ramón Puig (presidente de trámite), Carolina Pérez Rojas y Luciano Yapura.
El abogado llegó a estas instancias judiciales, luego de ser imputado por los fiscales Walter Rondón y Diego Funes, titulares de las Fiscalías Especializadas en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública Nº 1 y Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En esas circunstancias, los agentes fiscales aseguraron que "el imputado se presentaba en los piquetes para incitar a la gente a tomar el poder, desconocer al Poder Judicial, a no recurrir a la Justicia y optar por las vías de hecho para pedir la intervención a la Provincia y la derogación de la Constitución Provincial".
El pasado 12 de julio, la Justicia ordenó la detención de Alberto Nallar y al poco tiempo siguió las generales de la ley en prisión domiciliaria.
Una fuente judicial que fue consultada por nuestro diario permitió saber que se dispuso que permanezca en situación procesal hasta que quede firme la sentencia.
Nallar fue uno de los abogados que estuvo presente en protestas y cortes de rutas que se realizaron tras la aprobación de la reforma constitucional provincial y representó legalmente a miembros de comunidades aborígenes.