El Tribunal Oral Federal de Jujuy, constituido de manera unipersonal por la jueza María Alejandra Cataldi, condenó el 25 de octubre pasado a Diana Francis Inca Socantaype a la pena de 7 años y 2 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes organizados para su consumación, en grado de coautora. La sentencia también impuso a Martha Ilda Borja Pedroso una pena de 7 años y 4 meses de prisión por el mismo delito, en concurso real con el de tenencia ilegal de documento nacional de identidad, en calidad de autora.
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El Tribunal Oral Federal de Jujuy, constituido de manera unipersonal por la jueza María Alejandra Cataldi, condenó el 25 de octubre pasado a Diana Francis Inca Socantaype a la pena de 7 años y 2 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes organizados para su consumación, en grado de coautora. La sentencia también impuso a Martha Ilda Borja Pedroso una pena de 7 años y 4 meses de prisión por el mismo delito, en concurso real con el de tenencia ilegal de documento nacional de identidad, en calidad de autora.
Esas condenas fueron dictadas en el marco de un juicio abreviado y se suman a la que había recibido Carlos Rubén Toscano, condenado por la misma vía, aunque el acuerdo en su caso fue homologado el 16 de agosto pasado por el juez federal de Garantías, Eduardo Hansen. El hombre recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso por el delito principal, pero en grado de partícipe secundario.
Además, se decomisaron teléfonos celulares y una suma de poco más de 50 mil pesos y de dólares secuestrados a las personas acusadas. A instancia de la fiscalía, se encuentra vigente la captura nacional e internacional de un cuarto implicado.
El fiscal federal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, y la auxiliar Romina Verdur sostuvieron con pruebas la responsabilidad de las personas condenadas-
El y la representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que las actuaciones se iniciaron el 28 de marzo pasado, cuando la Dirección General de Aduanas (AFIP- DGA), de la localidad de La Quiaca, informó sobre una situación irregular en el control de un colectivo de larga distancia que transportaba 990 bultos, bajo la modalidad de encomiendas.
Señalaron que los paquetes habían sido despachados desde esa ciudad y tenían distintos destinos, entre ellos la ciudad jujeña de San Salvador, las provincias de Tucumán y Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Precisaron que, mediante el uso de un scanner, el personal detectó nueve bultos sospechosos.
Explicaron que se trataba de paquetes que aparentaban ser mobiliario de madera, como mesas de luz y respaldares de camas. Frente a ello se realizó el pase del scanner y del perro detector de narcóticos perteneciente a ese organismo, que reaccionó activamente al olfatear las encomiendas.