DANIEL SALAS
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DANIEL SALAS
En sesión ordinaria el Concejo Deliberante de La Quiaca aprobó con tres votos favorables de seis un proyecto de denuncia contra el intendente Blas Gallardo y el secretario de Gobierno, Hugo Félix Chavarría, por "ocupación de tierras ubicadas en el predio del exferrocarril" en esa ciudad. El proyecto fue presentado el miércoles en Labor parlamentaria por los ediles Felisa Nieve, Hugo Barro (vicepresidente 1°) y Mirta Moscoso, generando malestar en el edificio municipal al tomar conocimiento de la iniciativa.
El viernes por la mañana, con la presencia de los seis miembros del legislativo municipal, se trató el tema y para ese entonces, ya había despertado interés en la ciudadanía fronteriza, y principalmente en las personas que involucraba directamente. Luego del tratamiento de la denuncia y al momento de la votación, Barro, Nieve y Moscoso votaron a favor, en contra se pronunciaron la presidenta María Laime y Sergio Gorena (encolumnados con el Ejecutivo municipal); mientras que Jorge Tejerina se abstuvo.
Posteriormente a la aprobación, Nieve mocionó para la creación de la Comisión especial de investigación, a la cual se dio lugar, quedando conformada e integrada por Nieve y Moscoso, quienes se ocuparán de recolectar la documentación necesaria sobre dicha denuncia.
De acuerdo al proyecto presentado, los denunciantes el pasado 23 tomaron conocimiento "sobre la ocupación de tierras" ubicadas en el predio del exferrocarril, "con intenciones de construcción de casetas y puestos en diferentes sectores del mismo, encontrando en el lugar a empleados municipales realizando trabajos de delimitación y cercado" ante la presencia de personas particulares.
Alertados por la situación y luego de recolectar información al respecto "mediante las personas que se encontraban in situ", además valiéndose de material audiovisual, "se logra conocer que el intendente Blas Gallardo y el secretario de Gobierno, Hugo Chavarría, hicieron entrega y disposición de tierras ubicadas en inmediaciones del predio".
En base a documentación legal, acusan a Gallardo de "accionar en contra de las personas, a quienes está haciendo entrega de tierras que no son de su competencia" y que por desconocimiento en la materia, los destinatarios "se encuentran siendo" estafados. Además, remarcan en la iniciativa que los funcionarios municipales "actuaron bajo conocimiento y voluntad plena de la acción y sus consecuencias" y que "por su conducta antijurídica comprende los delitos de usurpación, estafa e incumplimiento a los deberes de funcionario público".