Una nueva reunión destinada a perfeccionar el anteproyecto de reglamentación de la Ley Nº 6260 de Digitalización del Procedimiento Administrativo se realizó en el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización entre la ministra Isolda Calsina; el director Legal y Técnico de esa cartera, Adolfo Palermo, y Sebastián Alsina, de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.
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Una nueva reunión destinada a perfeccionar el anteproyecto de reglamentación de la Ley Nº 6260 de Digitalización del Procedimiento Administrativo se realizó en el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización entre la ministra Isolda Calsina; el director Legal y Técnico de esa cartera, Adolfo Palermo, y Sebastián Alsina, de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.
El Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) permite el paso del expediente papel al digital. Esto constituye un nuevo avance en el Plan de Modernización de la Administración Pública, destinado a reducir el plazo de las tramitaciones, aumentar la transparencia, dar fácil seguimiento de expedientes, jerarquizar a los servidores públicos, optimizar el uso de los recursos públicos y dar respuestas de modo más oportuno.
En ese marco, la ministra Calsina destacó: "Avanzamos con la reglamentación, porque el sistema GDE se viene probando desde hace un año de modo experimental y progresivamente irá tomando escala a partir del corriente mes, con el objetivo de que cada expediente o trámite nuevo se realice únicamente por medio electrónico".
Cabe señalar que la mencionada ley autoriza la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todo procedimiento, actuación o gestión que tramite ante el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy, organismos centralizados, descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico.
También, que las comunicaciones electrónicas que el Ejecutivo reconozca tendrán eficacia jurídica, valor probatorio y producirán efectos jurídicos con plenitud.