El Juzgado Federal de Garantías N°1 condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a Roberto Gonzalo Mendoza, empleado de una entidad bancaria de la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de quedar debidamente acreditado el delito de defraudación por persona a cargo del manejo, administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, en concurso ideal con el delito de defraudación en contra de la administración pública.
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El Juzgado Federal de Garantías N°1 condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a Roberto Gonzalo Mendoza, empleado de una entidad bancaria de la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de quedar debidamente acreditado el delito de defraudación por persona a cargo del manejo, administración o cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, en concurso ideal con el delito de defraudación en contra de la administración pública.
La sentencia fue dictada tras un acuerdo de juicio abreviado, que incluyó una reparación dirigida a 23 de las 27 víctimas por ser personas mayores, de entre 69 y 80 años, que cobraban la jubilación mínima y presentaban un alto grado de vulnerabilidad.
El acuerdo fue resultado de un proceso que demandó cuatro meses. Fue propuesto por el fiscal Federico Zurueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal, en la tarea investigativa también intervino la auxiliar fiscal Romina Verdur.
En carácter de reparación económica, Roberto Gonzalo Mendoza hizo entrega de 483 mil pesos, suma que fue distribuida por intermedio de la Fiscalía entre los jubilados afectados.
Además, se impuso al empleado el cumplimiento de ciertas reglas de conducta y la realización de tareas comunitarias durante los dos primeros años de la condena.
El daño provocado por el empleado bancario se estimó en una suma que supera los cuatro millones de pesos.
En este contexto, se destacó el aporte de 1,8 millones realizado por el banco, a fin de cubrir algunas de las maniobras fraudulentas cometidas por el acusado.
Era conocido
De acuerdo con lo establecido en la investigación, Roberto Gonzalo Mendoza había ingresado a trabajar al Banco Nación en 2014 y fue desafectado en octubre del año pasado.
Al analizar su trayectoria laboral, la Fiscalía federal concluyó que Mendoza no era solo conocido por los clientes, sino también por toda la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde el empleado reside.
Una de las maniobras más frecuentes que se dectataron fue la toma de préstamos, cuyos valores eran inmediatamente redirigidos a otras cuentas, una de ellas perteneciente a la pareja del condenado.
En efecto, varios de los hechos descriptos tuvieron lugar a finales de 2020 y principios de 2021, en momentos en que la pandemia había obligado a tener ciertas restricciones, lo que implicó menor cantidad de personal y, por lo tanto, un menor control del personal.
A lo largo de su carrera, Roberto Gonzalo Mendoza llegó a cumplir varias funciones dentro de la entidad, entre las que se destacan la de responsable de plataforma operativa y la de ayudante de firma para gerente, con lo cual para la Fiscalía el condenado conocía como ningún otro trabajador el movimiento interno, como también a la mayoría de las personas que visitaban la entidad bancaria.
Cuatro categorías delictivas
El empleado desplegó una serie de maniobras fraudulentas. Una de las más frecuentes fue la toma de préstamos, cuyos valores eran inmediatamente redirigidos a otras cuentas, una de ellas, de su pareja. Posteriormente, el empleado ejecutaba otras operaciones que tenían como objetivo cubrir rastros y evitar que la víctima tomara conocimiento de inmediato del fraude, para lo cual se valía de las claves internas del banco para usar dinero de otros clientes y así saldar los vacíos financieros. Se descubrió el otorgamiento de un préstamo a nombre de un cliente por la suma de 150 mil pesos sin haber sido acordado por el gerente de la sucursal, dinero que fue acreditado en la cuenta del titular.
Con posterioridad, el imputado generó una partida deudora simulada por supuesta diferencia monetaria, dio de baja la cuenta del titular y canceló la deuda con dinero de depósitos en efectivo que no habían impactado en cuentas destino y a su vez con dinero propio. Con un celular, el condenado generaba una cuenta en una aplicación del banco, sin el consentimiento de sus clientes, a quienes tomaba fotografías tipo selfie de frente y perfil y de sus documentos. Así, daba de alta el usuario y concertaba prestamos que, luego de impactar en la cuenta de los clientes, eran transferidos a distintas cuentas destinatarias.
Entre otras de las categorías del fraude, se registraron operaciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2020, 2021 y 2022 mediante el uso de un celular, con el que el imputado generaba a una cierta categoría de clientes una cuenta en la aplicación del banco sin su consentimiento. Para ello, tomaba fotografías tipo selfie de frente y perfil a las víctimas y de sus documentos, con lo cual lograba dar de alta el usuario y así concertaba préstamos que, luego de impactar en la cuenta de los clientes, eran transferidos a distintas cuentas destinatarias. Estos movimientos le resultaban fáciles de concretar debido a su condición de empleado. De acuerdo con la Fiscalía, el empleado evitaba así que se advirtieran las cuotas que se debitaban en concepto de pago de préstamos. Un total de 23 jubilados resultaron afectados con esta maniobra.
Confianza
La Fiscalía resaltó la condición de muchos de los afectados, ya que gran parte de ellos fueron jubilados, en nombre de quienes se tomaron préstamos que afectaron seriamente sus condiciones económicas, pues cobraban el haber mínimo. Ello fue corroborado no solo por la información remitida por el Banco, sino también por lo informado por la Anses. Las víctimas no tenían correo electrónico y no sabían emplear un teléfono o dispositivo electrónico, lo que le facilitaba al condenado el despliegue de la maniobra fraudulenta.
De hecho, dos de ellos exhibieron un documento suscripto por el condenado que daba cuenta de que no era necesario que sacaran turno para concurrir a la entidad bancaria y que debían ser atendidos solo por él. Para la Fiscalía, todas estas situaciones facilitaron la idoneidad del ardid del empleado, que a su vez actuó con abuso de confianza, buscando mantener la situación de engaño no solo en las victimas, sino también en la entidad bancaria. En los fraudes mediante préstamos, la víctima no advertía que se le estaban debitando las cuotas de esa índole y, por lo tanto, la entidad financiera tampoco podía hacerlo.
“Los mecanismos seleccionados por Mendoza indujeron a error a los clientes, creyendo realmente que debían permitir que se les saque fotografías de su persona y documentación o que debían realizar los depósitos de determinada manera o entregar una suma de dinero a los fines de que se constituya un plazo fijo”, sostuvo la auxiliar fiscal.