Por medio del DNU 438/23, publicado el 30/08/2023 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la decisión de aplicar un subsidio no remunerativo de $60.000 a los trabajadores regulados por las leyes y estatutos profesionales del sector privado, y a trabajadores del sector público que cumplen funciones en las jurisdicciones y organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo nacional. Finalmente, tras fuertes cruces entre la Casa Rosada y muchas provincias, y enérgicas críticas del sector privado, el texto publicado fue mutando respecto de los anuncios oficiales originales que habían expuesto, incluso, contradicciones dentro de los propios funcionarios, quedando finalmente las jurisdicciones provinciales y locales habilitadas para adherir de forma voluntaria.
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Por medio del DNU 438/23, publicado el 30/08/2023 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la decisión de aplicar un subsidio no remunerativo de $60.000 a los trabajadores regulados por las leyes y estatutos profesionales del sector privado, y a trabajadores del sector público que cumplen funciones en las jurisdicciones y organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo nacional. Finalmente, tras fuertes cruces entre la Casa Rosada y muchas provincias, y enérgicas críticas del sector privado, el texto publicado fue mutando respecto de los anuncios oficiales originales que habían expuesto, incluso, contradicciones dentro de los propios funcionarios, quedando finalmente las jurisdicciones provinciales y locales habilitadas para adherir de forma voluntaria.
Frente a las repercusiones de los anuncios, algunos sectores se han preguntado si las medidas generadas desde el Ministerio de Economía -e impuestas al sector privado- son constitucionales, y si no existe un conflicto e intromisión desde el Estado nacional, en medio de las crecientes dificultades económicas y sociales.
Nuestra Constitución busca asegurar determinados derechos y protecciones sociales, y propiciar un cierto grado de bienestar y de desarrollo en diversos campos. A la vez que promueve, con idéntica fuerza, la libertad económica: el libre comercio, la autonomía de la voluntad contractual, los derechos de propiedad, etc.
Existen para la Justicia -y el derecho- los denominados "hechos notorios", aquellos que (dado su general conocimiento) no requieren ser probados con el fin de tenerlos por indubitables a la hora de resolver un litigio. En esa categoría cabe incluir a la severa crisis económica y social que atraviesa la Argentina.
Es dentro de ese escenario crítico, que ambas pretensiones constitucionales (estado de bienestar vs. libertad económica) se tensan irremediablemente, apareciendo voces a favor de que el Estado -a través del Poder Ejecutivo- tiene la capacidad de tomar el timón en situaciones de emergencia y decidir en el corto plazo algunas medidas discrecionales, mientras otras perspectivas sostienen, que aun en medio de una crisis las medidas que se dispongan no pueden ser arbitrarias y deben guardar trazos de razonabilidad y equidad, a riesgo de estar frente a un Estado abusivo.
La situación descripta es aún más compleja, en tanto la fragilidad económica y social acontece en medio de una campaña electoral. Es un hecho notorio también que estamos ante un Estado desfinanciado, y que la supuesta teoría de los esfuerzos compartidos no lo es tanto, en la medida que se está ejerciendo más presión sobre el sector productivo que sobre los estados provinciales o municipios. Obligatorios para unos, voluntarios para otros. Con el objetivo de paliar una situación que el propio Gobierno nacional generó al devaluar un 22% el peso argentino frente a la divisa norteamericana, tras las Paso del 13 de agosto pasado.
Entonces, ¿son legales las medidas anunciadas?
En virtud de lo antedicho, la evidente situación de emergencia, y la necesidad del Estado de proteger los derechos de determinados sectores vulnerables, en medio de indicadores de un 40% de pobreza, una situación inflacionaria y un cuadro de grave fragilidad social, es dable admitir que las medidas anunciadas están dentro del marco legal del que dispone el Poder Ejecutivo nacional.
Sin embargo, la pregunta que también merece plantearse es si aquellas son legítimas. Y es desde esa perspectiva, que deberían evaluarse las posturas que toman algunos sectores lindantes a la desobediencia.
Además del contexto económico y social, también debe evaluarse el político e institucional. El ministro de Economía, Sergio Massa, toma decisiones materializadas a través de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), frente a un Congreso que -en medio de su período de sesiones ordinarias- luce prácticamente paralizado y camino a su peor performance de la última década. A ello cabe sumar un Poder Ejecutivo nacional en el que el presidente cumpliría sólo funciones protocolares, y una manifiesta ausencia -en el escenario público- de la vicepresidenta de la Nación.
En consecuencia, las decisiones se estarían concentradas en un solo protagonista frente a un eventual vacío de poder formal de otros actores centrales. Y adquiere enorme trascendencia que ese protagonista sostiene el doble rol de ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial de Unión por la Patria (alianza oficialista en el poder). Es válido preguntar: ¿quién está tomando las decisiones?, ¿el ministro o el candidato a la presidencia?, ¿puede el ministro forzar determinadas situaciones para favorecer al candidato?
En esta complejidad de escenarios, la razonabilidad de las medidas está al límite, y atravesarlo las convertiría en abusivas. Muchos sectores sienten que las decisiones tienen un corte electoralista y no son más que parches o paliativos de una situación más profunda que no se está resolviendo.
El peligro estaría dado en la concentración de poder en una sola persona, que podría llevarnos a todos -como nación- a decisiones erradas. La concentración también significa presión sobre actores, circunstancias y factores de poder.
La sociedad tiene quebrada la confianza hacia la clase dirigente y hacia las instituciones. Sin confianza no hay capacidad de regeneración y de recuperación. La crisis en Argentina es económica, pero fundamentalmente es política. La política está arrastrando con sus errores claramente a la economía.
El proceso electoral en nuestro país es demasiado largo. Comienza en agosto y culmina en diciembre, agregando una cuota de mayor inestabilidad en un contexto de fragilidad institucional. El interregno entre los comicios de octubre y la entrega formal del poder el 10 de diciembre marcará la etapa más crítica de vacío de poder.
(*) Marcelo Bermolén es especialista en acceso a la información pública, profesor de la Escuela de Gobierno y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.