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La Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin) emitió un comunicado de repudio ante la contratación de una empresa china, asociada con una firma santafesina, para la construcción de un gran campamento minero en el proyecto cuprífero Vicuña, en San Juan. La entidad advirtió que la decisión pone en riesgo la licencia social de la industria minera en todo el país y reclamó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) no puede convertirse en un instrumento que vacíe de contenido local la cadena de valor nacional.
"Lo de Vicuña nos puso en alerta. La contratación de una empresa china, asociada a una santafesina para una mega obra fue un mazazo para los intereses de los argentinos, y puso en peligro la licencia social de la industria en el país", expresa el comunicado.
La federación está integrada por cinco cámaras provinciales de proveedores: Capemisa, de Salta; Caprimisa, de San Juan; Cappromin, de Catamarca; Camjusemi , de Jujuy; y Capromisa, de Santa Cruz.
El texto institucional cuestiona en particular la modalidad elegida para el campamento del proyecto Vicuña: construcciones modulares ensambladas íntegramente en el exterior, sin ningún valor agregado local. "Comprar construcciones modulares con hasta su último tornillo importado, ensamblados en un país lejano y sin valor agregado local socava los intereses nacionales y la credibilidad en la industria", señala el comunicado.
Fapromin rechazó de plano el argumento de que la industria proveedora local no estaría en condiciones de afrontar obras de esta escala. "Ya no sirve la excusa de que no estamos preparados. La cadena de valor Argentina está lista para encarar cualquier obra minera", sostiene el texto.
La federación también manifestó su estado de alerta frente a las próximas licitaciones de los proyectos mineros en curso en el país, y ratificó que seguirá el seguimiento de cada proceso con atención.
Desde Salta
El presidente de CAPEMISA, Federico Russo, había anticipado en diálogo con El Tribuno el domingo pasado buena parte de las preocupaciones que luego la federación plasmó en el comunicado. Para el dirigente salteño, el caso Vicuña es exactamente el modelo que la provincia no puede permitirse replicar.
"Si va a venir un campamento totalmente fabricado en China, ¿qué queda para proveer desde Salta?", planteó Russo. Y fue más lejos al calificar la decisión del proyecto sanjuanino como una negligencia que compromete la licencia social del propio emprendimiento. "Ese tipo de negligencia lo está poniendo todo el tiempo en riesgo", advirtió.