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La disputa mundial por las tierras raras, los 17 elementos metálicos presentes en prácticamente todos los aparatos tecnológicos de la actualidad, tiene en Salta a una de sus piezas con más movimiento en el tablero argentino. Un reciente informe de la Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor del Ministerio de Economía, al que accedió El Tribuno, ubica a la provincia como la de mayor cantidad de yacimientos identificados del país. Cuenta con nueve en total, que en conjunto representan el 18% de las 190.395 toneladas relevadas a nivel nacional, detrás de San Luis (54,4%) y Río Negro (22,3%).
El más grande de los depósitos salteños de tierras raras es La Aurelia, con 27.027 toneladas, es el tercer yacimiento individual más importante del país, solo superado por Rodeo de los Molles en San Luis (100.000 toneladas) y Sierra Grande en Río Negro (42.500 toneladas). Completan el escenario local de depósitos Curaca, Estrella de Oriente, La Barba, Rangel, Churqui Pampa, Platería Norte, El Ucu y Platería Sur.
Poco margen
El panorama cambia cuando el informe proyecta los recursos potenciales, es decir, lo que todavía no se descubrió pero que modelados matemáticos del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) incluidos en el informe permiten estimar. Sobre un total de 3.327.200 toneladas potenciales a nivel país, la región conjunta de Jujuy y Salta explica apenas el 1,4% (47.200 toneladas), muy por debajo de San Luis, Córdoba y Santiago del Estero (52,9%) y del grupo Misiones-Corrientes (45,7%). El NOA llega a este momento con más yacimientos confirmados que ninguna otra región, pero con el margen de crecimiento más chico de todo el mapa nacional, según las proyecciones oficiales.
China, al mando
Esa foto local se explica, en parte, por el contexto internacional. Según el informe, China controla el 52% de las reservas mundiales de tierras raras, el 70% de la producción de mina, el 91% de la refinación y el 94% de la fabricación de imanes permanentes. Ese dominio se volvió una herramienta de presión concreta en el último año y medio. Por ejemplo, Pekín aplicó controles a la exportación de siete elementos en abril de 2025, amplió la lista a doce en octubre y recién los suspendió por un año en noviembre, en el marco de la guerra comercial con Washington.
Frente a esa concentración, una noticia actual toma relevancia: Estados Unidos aceleró esta semana su estrategia para reducir la dependencia de China. El presidente Donald Trump reunió en Washington a ejecutivos de algunas de las principales mineras del mundo y anunció un paquete de alrededor de US$ 3.000 millones para proyectos de extracción, procesamiento y producción de materiales estratégicos, entre los que se incluyen litio, cobre, grafito y escandio (este último, parte del grupo de las tierras raras).
La particularidad de la ofensiva es la participación directa del Estado norteamericano, con el Departamento de Defensa y el Export-Import Bank (EXIM) detrás del financiamiento.
Entre las compañías que participaron del encuentro estuvo Rio Tinto, que desarrolla en Salta el proyecto de litio Rincón -el primer emprendimiento minero aprobado bajo el RIGI, con una inversión cercana a US$ 2.700 millones- y que además figura entre las interesadas en sumarse a Taca Taca, el proyecto de cobre de First Quantum Minerals en la provincia, cuyo desarrollo demandaría más de US$ 5.000 millones.
Debate en el Congreso
La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de Nación analizó la semana pasada tres proyectos de ley (de Silvana Giudici (LLA), Carlos Snopek (UP) y Jorge Rizzotti (Provincias Unidas)) para incorporar a las tierras raras como minerales de primera categoría en el Código de Minería. La reunión informativa, encabezada por la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, contó con expositores del Segemar, la Secretaría de Minería de la Nación y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
El problema que buscan resolver los tres proyectos es una laguna legal: el Código de Minería no menciona expresamente a las tierras raras, lo que habilita hoy dos lecturas posibles sobre a qué categoría corresponden y, en consecuencia, bajo qué régimen de propiedad y concesión podrían explotarse. Así lo explicó ante la comisión el abogado de CAEM Leonardo Rodríguez, quien sostuvo que los tres proyectos buscan zanjar esa incertidumbre fijando por ley que las tierras raras se consideren minerales de primera categoría, equiparándolas al resto de los metalíferos sujetos al dominio del Estado.