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La exdirectora municipal de Tartagal, Carla Cordero, fue condenada a dos años de prisión condicional tras reconocer su responsabilidad en una causa por defraudación contra la administración pública.
El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, instancia en la que la acusada aceptó los hechos y se declaró culpable a cambio de una reducción de la pena. Inicialmente, la Fiscalía Federal había solicitado 4 años de prisión efectiva, al sostener que existían pruebas sólidas por el desvío de fondos.
La investigación se inició en Tartagal cuando varias mujeres, primero de manera anónima y luego formalizando denuncias en la Justicia, revelaron que Cordero ponía como condición para acceder al programa Nacional Acompañar, que debían dejar para esa oficina un porcentaje de lo que cobraban de manera mensual. Acompañar había sido creado por el ex presidente Alberto Fernández para darle contención a las mujeres víctimas de violencia de género con el objetivo de que dejaran de depender económicamente de su agresor; también contemplaba el beneficio para mujeres trans y otras minorías víctimas del mismo delito intrafamiliar.
Cordero no fue la única señalada: junto a ella, otros tres imputados enfrentan cargos por apropiación indebida de estos fondos. Mientras la exfuncionaria aceptó su responsabilidad, una de las personas acusadas se declaró inocente, motivo por el cual la causa continuará en trámite y se definirá el próximo 17 de octubre en el juicio oral y público.
Lo que significa la condena aplicada
La pena impuesta a Cordero no implica ingreso inmediato a prisión. Al tratarse de una condena condicional, deberá cumplir una serie de reglas de conducta bajo control judicial, como presentarse periódicamente ante la Justicia y abstenerse de cometer nuevos delitos. En la condena se estableció que tiene prohibición de por vida de ejercer cargos públicos.
Un caso que resuena
El hecho generó especial indignación en el departamento San Martín, donde la problemática de la violencia de género es crítica y los recursos estatales resultan limitados. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, el norte provincial concentra algunos de los índices más altos de denuncias en la provincia.
Más allá de la condena, este proceso judicial dejó en evidencia la necesidad de reforzar los controles en la administración de fondos públicos, sobre todo en áreas sensibles.
En Tartagal y la región, donde los recursos llegan con cuentagotas, cada peso desviado no solo constituye un delito, sino también una pérdida directa para quienes más lo necesitan.
Por otro lado, este tipo de accionar delictivo deslegitima la tarea que se viene desarrollando para frenar una verdadera epidemia social, como lo es la violencia de género.
por otro lado, la mujer que se declaró inocente en el proceso es una joven transgénero, una trabajadora eventual del municipio asignada a esa área.