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La historia de Mateo Valentín, un niño de la ciudad de Orán que atraviesa un tratamiento oncológico, encontró esta semana un punto de reparación institucional que su familia peleó durante meses. La Justicia salteña falló a favor de su madre, Florencia Patricia Figueroa Kobien, y ordenó al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) cubrir de manera integral el tratamiento del menor, sin exigencias adicionales ni porcentajes pendientes.
Lo que para muchos podría parecer un derecho básico garantizado, en este caso se transformó en una batalla judicial y emocional. Desde el año pasado, el IPS solo cubría el 80% del tratamiento y exigía a la familia el pago del 20% restante, un monto imposible de sostener dada la prolongación y complejidad del cuadro médico. La medida no solo impactó en la organización económica del hogar, sino que llegó a una instancia extrema cuando la obra social aplicó descuentos directos sobre los haberes de Josefa, abuela de Mateo y garante del servicio, hasta registrarla con una supuesta deuda cercana a los 10 millones de pesos.
Frente a esa situación, la defensa legal inició un recurso de amparo que reclamó la inmediata protección del derecho a la salud integral del niño, la restitución de lo descontado y la suspensión de cualquier intento de cobro indebido. El fallo fue categórico:
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El IPS deberá cubrir el 100% del tratamiento oncológico de Mateo, sin cuotas, aportes extra ni demoras administrativas.
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Deberá restituir todo el dinero descontado a la abuela.
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No podrá volver a generar débitos, intereses, cargos o retenciones vinculadas a sus prestaciones médicas.
La sentencia se enmarca en el principio constitucional de acceso universal a la salud, reforzado por normativas específicas de protección para pacientes pediátricos con patologías graves. En este sentido, la decisión vuelve a poner en agenda el rol de las obras sociales frente a cuadros de alta complejidad, y el deber jurídico –no optativo– de garantizar tratamientos integrales, oportunos y continuos, especialmente cuando se trata de menores.
Visiblemente conmovida, la mamá de Mateo expresó: “Por fin mi hijo tendrá todo lo que necesita para seguir su tratamiento”. El fallo no solo representa un respiro económico y emocional para su familia, sino también un antecedente relevante para otras familias salteñas que atraviesan situaciones similares y se encuentran frente a un laberinto burocrático cuando la urgencia sanitaria es impostergable.
La resolución abre, además, el alcance real de las coberturas médicas en localidades del interior como Orán, donde el acceso a terapias especializadas suele estar condicionado por traslados, tiempos de derivación, autorizaciones y costos no visibles que terminan asfixiando a los núcleos familiares.
En este caso, la Justicia no solo intervino como garante de derechos, sino como correctivo de una decisión administrativa que vulneraba el principio más elemental: que ningún niño puede quedar sin tratamiento oncológico por razones económicas.