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Un conflicto judicial se cierra sobre decenas de familias del barrio Juan Pablo II, en la localidad de Chicoana. Allí, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) construyó en 2008 un total de 70 casas sociales, pero parte del terreno sobre el que se levantó entró en una etapa de disputas inmobiliarias. Hoy, un particular que adquirió esos derechos en una subasta judicial exige al organismo una compensación multimillonaria y amenaza con avanzar hacia el desalojo.
La disputa tiene su origen en una trama legal heredada. La tercer parte de la superficie del lote pertenecía a una empresa privada que quebró en 2019. En esa instancia, el ciudadano Claudio De Luca adquirió el 43% de la matrícula en cuestión por unos $2,5 millones. Tiempo después, inició un litigio contra el IPV solicitando la división del condominio y, eventualmente, la restitución de la tierra, pero las viviendas sociales ya estaban construidas. El caso retomó actualidad con planteos judiciales lo que pondría en jaque a las familias que ya habitan allí desde hace más de 15 años.
El planteo de De Luca se centra en el valor de las unidades habitacionales. En la mediación realizada en el Juzgado Civil N°11, a cargo del juez Are Wayar, el particular reclamó el equivalente a 20 dúplex, cifra que el IPV estimó en alrededor de $1.600 millones. La negociación fracasó y el conflicto escaló.
Sin propuestas de arreglo
"Mi cliente está cada vez más enojado y quiere ir ya por todo hasta el desalojo de las viviendas", expresó su abogado a este medio, al advertir que no hubo propuestas de arreglo por parte del organismo provincial.
Desde el IPV respondieron que De Luca adquirió el terreno "en pleno conocimiento de la existencia de las viviendas y de la situación catastral". El organismo remarcó además que no permitirá la división del condominio ni un eventual desalojo. "Queremos llevar tranquilidad a las familias: de ninguna manera se permitirá su expulsión", aclararon.
El caso de Chicoana expone una problemática estructural: el déficit habitacional en la provincia de Salta y las dificultades crecientes para ampliar la construcción de viviendas sociales, en un contexto de recorte de fondos nacionales. Cada litigio que deriva en reclamos multimillonarios compromete aún más la capacidad del Estado provincial de sostener políticas habitacionales.