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La Justicia de Orán ordenó a la intendenta de Hipólito Yrigoyen, María Soledad Cabrera, presentar en un plazo de tres días la documentación requerida en una acción de amparo colectivo promovida por la abogada Estela Mabel Castillo y vecinos de la localidad. La medida apunta a que el municipio responda a los pedidos de información que, según la presentación judicial, no habían recibido respuesta.
La resolución corresponde al expediente “Castillo, Mabel contra Municipalidad de Hipólito Yrigoyen - Soledad Cabrera por amparo”, que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación del Distrito Judicial Orán.
Qué documentación debe presentar el municipio
Según explicó Castillo, la orden judicial establece un plazo de tres días para que la intendenta presente ante el juzgado la documentación solicitada en el marco del amparo.
Entre los requerimientos mencionados por la abogada se encuentran información sobre los fondos públicos, documentación vinculada con las obras cuestionadas y la rendición de cuentas correspondiente.
La presentación busca obtener respuestas oficiales sobre esos puntos y que la administración municipal cumpla con su obligación de responder los pedidos de información realizados.
Un amparo colectivo impulsado por vecinos
Días atrás, Castillo convocó a vecinos de Hipólito Yrigoyen a firmar la solicitud de amparo en el juzgado, luego de que la Justicia habilitara la posibilidad de avanzar con una presentación de carácter colectivo.
La acción fue promovida por la abogada por derecho propio, en su condición de vecina, y en representación de otros habitantes de la localidad que consideran afectados sus derechos por la falta de respuesta de la administración municipal.
De acuerdo con el texto de la sentencia, el planteo se fundamenta en el artículo 87 de la Constitución de la Provincia de Salta y en normas y antecedentes jurídicos relacionados con el derecho de petición, las acciones colectivas y el amparo por mora administrativa.
Qué puede pasar si no se cumple la orden
La abogada advirtió que, si la intendenta no cumple con lo dispuesto por la jueza dentro del plazo establecido, podría solicitar la aplicación de una multa y promover las actuaciones correspondientes por una posible desobediencia judicial.
En ese sentido, aclaró que el incumplimiento de una orden judicial podría derivar en la formación de una causa penal.