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La crisis del transporte público en el norte salteño ha llegado a un punto de no retorno. En las últimas horas, el Secretario de Gobierno de Tartagal, Ernesto Restom, lanzó duras críticas contra la empresa 13 de Junio, prestataria del servicio urbano, y advirtió que el esquema actual es financieramente inviable para los vecinos. Con un costo real del boleto que hoy debería oscilar entre los $4.000 y $5.000, el municipio ha comenzado a buscar nuevos operadores y reclama al Concejo Deliberante una modernización urgente de las ordenanzas para evitar que la ciudad quede a pie. Literalmente Restom le pidió a los ediles que desde el 10 de diciembre pasado entraron en receso y volverán recién el 1 de Abril. "Vayan a trabajar".
El conflicto escaló luego de que el empresario Victor Belmont, actual responsable de la empresa 13 de junio enviara una carta documento al Ejecutivo municipal exigiendo pagos millonarios y mayores subsidios para sostener las unidades en la calle. Ante esto, la respuesta oficial fue contundente: desde la Secretaría de Gobierno señalaron que muchas de las afirmaciones empresariales "faltan a la verdad".
Un punto clave del análisis oficial reside en la descapitalización del sistema. Se recordó que en gestiones anteriores la empresa incorporaba unidades nuevas que, con el tiempo, habrían sido vendidas o reemplazadas por vehículos más viejos debilitando la calidad del servicio que reciben los tartagalenses. Según la visión del Ejecutivo, se habrían utilizado recursos locales para desviar el servicio hacia otros puntos de la provincia.
Los números de la crisis
La falta de actualización normativa en años anteriores ya le costó a Tartagal 260 millones tras un juicio vinculado al sector, ganado el mismo empresario durante la administración de Mario Mimessi de la que formaba parte como asesora legal una integrante del estudio jurídico del propio Belmont. El constante aumento de combustibles y repuestos coloca al transporte en una situación de "jaque mate" financiero donde cada usuario debería abonar entre 3 y 4 mil pesos por el servicio.
Frente a la posibilidad de que la empresa actual no pueda o no quiera seguir prestando el servicio bajo las condiciones del municipio, ya se iniciaron conversaciones con otros operadores de la región de San Martín y Orán. Además, se trabaja en un rediseño total de los recorridos para ganar eficiencia y transparencia en los costos.
El municipio analiza abrir el abanico de movilidad urbana e incorporar formalmente como mototaxis, remises compartidos o plataformas digitales, todas cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de servicios. A todos estos se sumaron como opción las traffics, después de una protesta realizada por vecinos de la zona este que no saben cómo llevar sus hijos a las escuelas desde que 13 de Junio dejó de prestar el servicio.
Actualizar ordenanzas
El secretario de gobierno Ernesto Restom hizo un llamado directo al Concejo Deliberante para que "se ponga a trabajar" en la actualización de las ordenanzas que reglamentan el transporte urbano de pasajeros. El argumento es claro: la responsabilidad de diagramar el transporte del futuro es compartida, y la inacción legislativa suele terminar en perjuicios económicos para las arcas municipales y pésimo servicio para los miles de usuarios que tiene Tartagal.
La situación de Tartagal no es aislada; ciudades vecinas como Orán enfrentan dilemas similares donde el subsidio estatal ya no alcanza para cubrir la brecha entre el costo operativo y el bolsillo del usuario. El desafío actual es diseñar un sistema justo, equilibrado y accesible que no dependa de una sola empresa. La transición hacia un esquema multimodal (colectivos, motos y apps) parece ser el único camino para garantizar que los vecinos puedan llegar a sus trabajos y escuelas. El éxito de este plan dependerá de la celeridad con la que el Deliberativo recoja el guante y brinde el marco legal necesario para que nuevos actores inviertan en un renovaddo servicio de transporte en la ciudad cabecera de San Martín.