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La investigación por el ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, derivó en allanamientos realizados en la ciudad de Tartagal, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, según publicó el Ministerio Público Fiscal salteño.
De acuerdo a lo informado, a partir del avance de la causa se detectó una posible red de agitadores virtuales, lo que llevó a las autoridades a intervenir en domicilios ubicados en el Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal. En este marco, el organismo indicó que se adoptaron medidas urgentes de resguardo y protección, con intervención de la Asesoría de Incapaces y de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, por tratarse de menores de edad.
También se dispuso una consigna policial fija en el domicilio involucrado y una audiencia ante el Juzgado de Menores de Tartagal con la participación del adolescente investigado, sus padres, representantes de la Fiscalía y la asesora interviniente. La audiencia se llevó a cabo con la intervención en el caso del asesor de Incapaces 1 de Tartagal, Juan José Andreu. Se trata de una intervención complementaria en apoyo a los padres para la protección de los derechos del adolescente, de 16 años, en los términos del artículo 103 del Código Civil, que regula las actuaciones del Ministerio Público.
Vale aclarar que la fiscalía de Santa Fe requirió el procedimiento porque el adolescente de Salta había tenido un contacto virtual por medio de una aplicación con el chico de Santa Fe que protagonizó un hecho trágico. Sin embargo, el adolescente de Salta no está imputado. Solo se tomaron por ahora medidas preliminares de protección y prevención. Para ello se le secuestraron dispositivos que analizará la Fiscalía de Santa Fe.
Desde el Ministerio Público informaron que el adolescente salteño ya venía con tratamiento psicológico por un problema familiar, y ayer en la audiencia los padres se comprometieron a profundizar el tratamiento psicológico (y psiquiátrico si fuera necesario), además de realizar una consulta médica integral. Tienen un plazo de 7 días para presentar documentación que demuestre que se están realizando todos estos tratamientos.
Por el momento, el adolescente tiene una consigna policial de civil en su casa para su protección, y por ahora no asistirá a la escuela para prevenir cualquier inconveniente con otros chicos o con los padres, pero deberá continuar con el aprendizaje escolar de manera virtual para garantizar su derecho a la educación. Por tratarse de actuaciones que involucran a menores de edad y la existencia de víctimas, la causa se mantiene bajo estricta reserva judicial.