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La Fiscalía Penal de Cafayate continúa investigando el origen de los incendios forestales que afectaron una vasta superficie de bosque nativo en esa región de los Valles Calchaquíes. Aunque hasta el momento no existen pruebas que permitan identificar a los responsables, la investigación avanza sobre distintas hipótesis para determinar si el fuego fue provocado de manera intencional.
La fiscal penal Sandra Rojas confirmó, en su diálogo con Radio Salta, que la causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Cafayate y que posteriormente se acumularon otras presentaciones realizadas por particulares e integrantes del Concejo Deliberante. Sin embargo, explicó que ninguna de ellas aporta datos concretos sobre posibles autores o elementos de prueba, lo que dificulta el avance de la investigación.
"Desde los primeros días de junio estamos trabajando en distintas líneas investigativas para determinar la autoría del hecho", señaló la fiscal, quien además recorrió la zona afectada junto a otras autoridades y calificó como "lamentable" el panorama que dejó el incendio.
Según los primeros relevamientos realizados por Defensa Civil y los brigadistas que combatieron el fuego, las llamas consumieron cerca de 200 hectáreas de bosque nativo. La gran cantidad de vegetación seca y combustible pesado existente en el lugar favoreció la rápida propagación del incendio, generando una de las mayores catástrofes ambientales registradas en la región.
Las consecuencias ecológicas son de enorme magnitud. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la recuperación natural del área demandará entre 30 y 60 años, además de las pérdidas irreparables de flora y fauna silvestre.
Investigan si el incendio fue intencional
La fiscal explicó que se realizan diferentes tareas para reconstruir cómo comenzó el incendio. Entre ellas se releva información aportada por las personas encargadas de la finca donde se inició el fuego, se analizan datos proporcionados por Defensa Civil y también se investigan movimientos de vehículos detectados en la zona durante los primeros momentos del siniestro.
Además, la Fiscalía solicitó la colaboración de la comunidad para que cualquier persona que posea información relevante pueda aportarla a la causa.
"Esto no es solamente un asunto de la Fiscalía, sino de toda la comunidad. Todos debemos colaborar para esclarecer lo ocurrido", sostuvo Rojas.
La funcionaria recordó que, de comprobarse la responsabilidad penal de una persona, el hecho podría encuadrarse en el delito de estrago, cuya pena va de tres a diez años de prisión.
El costo económico también es millonario
A la pérdida ambiental se suma el importante costo operativo que implicó el combate contra el incendio. La fiscal reveló que únicamente el funcionamiento del avión hidrante representa un gasto aproximado de 5.500 dólares por hora de vuelo y que durante el operativo se realizaron más de 30 intervenciones aéreas, además del intenso trabajo de brigadistas, aviones cisterna y personal de Defensa Civil.
"Hasta ahora ya se gastó en 500 millones de pesos para poder contener estos incendios", expresó la Fiscal.
Si bien todavía no existe un cálculo definitivo, las autoridades estiman que el perjuicio económico para afrontar el operativo será muy elevado.
Aún no pueden realizar pericias en el lugar
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la investigación es que todavía no fue posible ingresar plenamente al sector donde se originó el incendio.
Rojas explicó que persisten focos calientes debajo de las raíces de los árboles, lo que convierte al terreno en un lugar de alto riesgo para los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Mientras esperan la autorización de Defensa Civil para ingresar con seguridad, la Fiscalía gestiona imágenes satelitales que permitan identificar el punto exacto donde comenzaron las llamas y reconstruir su propagación.
Los brigadistas ya realizaron una primera evaluación sobre el posible lugar de inicio del fuego, aunque esa información deberá incorporarse formalmente mediante informes técnicos.
Continúa la guardia de cenizas
Aunque el incendio se encuentra controlado, el operativo aún no terminó. El avión hidrante permanece en Cafayate preparado para intervenir ante cualquier reactivación del fuego, mientras brigadistas mantienen una guardia permanente de cenizas debido a que el viento puede volver a encender focos ocultos bajo la superficie.
Finalmente, la fiscal confirmó que el incendio se produjo en un terreno de propiedad privada y recordó que la Ley Nacional de Manejo del Fuego establece restricciones para modificar el uso de los suelos afectados por incendios, lo que impide que puedan destinarse inmediatamente a emprendimientos inmobiliarios u otros proyectos hasta tanto se cumplan los plazos previstos por la normativa.