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La aprobación por unanimidad de un pedido de informes en el Concejo Deliberante de Cerrillos volvió a poner en el centro de la escena una de las investigaciones más delicadas que enfrenta la gestión pasada de la exintendenta y actual diputada nacional Yolanda Vega. Se trata de las presuntas irregularidades detectadas en el cobro de tasas y habilitaciones comerciales durante su mandato de intendenta y donde hay involucrados dos exempleados municipales. Ambos identificados como M. Landriel y S. Aparicio.
Los concejales solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que informe el estado actual de los expedientes administrativos iniciados contra dos exagentes municipales investigados por hechos que podrían haber ocasionado un perjuicio económico a las finanzas públicas.
El pedido no deja lugar a dudas sobre la gravedad del caso. Los ediles reclaman conocer las sanciones aplicadas, las conclusiones de las investigaciones internas, si las actuaciones fueron remitidas a la Justicia o a organismos provinciales y, fundamentalmente, si se logró determinar el monto del daño económico ocasionado al municipio.
La situación reabre una discusión que sigue sin respuestas contundentes: ¿cómo fue posible que comerciantes realizaran pagos al municipio y que esos fondos, según las denuncias e investigaciones administrativas de ese entonces, no terminaran ingresando a las cuentas oficiales? "Si las sospechas son ciertas, no se trata solamente de la conducta de empleados municipales. También surge una responsabilidad política vinculada a los controles internos que debían garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Queremos saber a dónde fue a parar ese dinero que no ingresó al municipio", explicó el concejal Néstor Ríos a El Tribuno.
La administración anterior en la intendencia de Vega, tenía la obligación de supervisar el funcionamiento del área de Rentas, verificar la correcta registración de los pagos y detectar cualquier irregularidad antes de que se transformara en un perjuicio para los vecinos y para las finanzas municipales.
La existencia de expedientes administrativos, investigaciones internas y agentes desvinculados de aquella gestión municipal demuestra que no se trató de una simple irregularidad burocrática. Sin embargo la comunidad Cerrillana, todavía espera conocer quiénes fueron los responsables, cuánto dinero se perdió, para quién se recaudaba y si había una organización, tras estos dos exempleados que fueron echados en la gestión municipal actual tras descubrirse estos delitos.
El pedido de informes aprobado por unanimidad inclusive por un concejal, cuyo hermano es uno de los principales acusados de este fraude, representa una oportunidad para que la administración municipal exponga con claridad el avance de las actuaciones ante la justicia y los órganos de contralor del estado y para que la sociedad conozca si las responsabilidades administrativas y judiciales fueron efectivamente determinadas.
Millones desaparecidos
La investigación sobre las presuntas irregularidades en el área de Rentas de la Municipalidad de Cerrillos saltó en octubre del año pasado. Según informó el intendente Enrique Borelli, la actual administración detectó más de 100 comercios con habilitaciones irregulares y numerosos casos de contribuyentes que presentaban recibos sellados como prueba de pago, aunque ese dinero nunca había ingresado a las cuentas oficiales del municipio. "Había comercios que pagaban, pero la plata no llegaba a la Municipalidad".
Borelli confirmó que en 2023 la auditoría municipal detectó un faltante estimado entre 8 y 9 millones de pesos, lo que derivó en un sumario administrativo, la cesantía de empleados involucrados y una denuncia penal para determinar las responsabilidades.