inicia sesión o regístrate.
Tras un tensa reunión con piqueteros que se viralizó en redes sociales, el intendente Franco Hernández Berni ratificó su decisión de poner fin al sistema de presiones que, según afirmó, durante años condicionó la adjudicación de obras públicas en Tartagal. "Las viejas mañas se terminaron", aseguró en una entrevista con Radio Salta.
- ¿Qué ocurrió con el grupo de cooperativistas en conflicto?
-La gente tiene que saber que en Tartagal estamos cansados de pequeños grupos de piqueteros que intentan extorsionar a la ciudad para conseguir obras. Ellos mismos pidieron una reunión con la Policía, que tiene un área de mediación, porque desde hace dos meses vienen generando conflictos y reclamos que, cuando uno les pregunta concretamente qué exigen, no saben explicar. Nosotros no vamos a permitir que tomen el edificio municipal, la ruta nacional 34 o pretendan trasladar estos conflictos a la Capital. El Estado no está obligado a entregarles obras.
-Ellos reclamaban el pago de trabajos ya realizados. ¿Qué responde?
La obra que reclamaban la terminaron hace apenas tres semanas, cuando en realidad debían haberla concluido en marzo. Es decir, tuvieron alrededor de seis meses de demora. Se les informó cuál era el cronograma de pago, pero dijeron que no se iban a retirar hasta cobrar de inmediato y, además, exigían nuevas obras. Esa es una extorsión y no vamos a aceptar.
-¿El municipio tiene la obligación de adjudicar obras a estas cooperativas?
-De ninguna manera. Aunque tuvieran toda la capacidad técnica y logística, el municipio no está obligado a darles obras. Tenemos una Secretaría de Obras Públicas con empleados municipales que cumplen horarios, trabajan todos los días y ejecutan muchas de esas tareas. La obra pública no puede transformarse en mecanismo permanente de presión.
-¿Estas cooperativas cuentan con capacidad para ejecutar obras?
-Algunas sí, otras apenas pueden hacer trabajos menores, como veredas o pequeños patios en escuelas. Pero ese no es el punto. La discusión no pasa por la capacidad técnica, sino por creer que el Estado tiene la obligación de asignarles obras cada vez que lo exigen.
-¿Cómo impactó el contexto económico actual?
-Se eliminó prácticamente la obra pública nacional y eso cambió el escenario para todos los municipios. Aun así, junto al gobernador Sáenz hicimos un enorme esfuerzo para concretar muchísimas obras en Tartagal durante estos últimos años. Pero no podemos sostener un esquema donde grupos pretendan decidir cómo se administra el municipio.
-Durante la reunión usted utilizó expresiones muy duras y habló de "piqueteros vagos". ¿Por qué?
-Porque estaban acostumbrados a las viejas mañas y conmigo van a chocar. Se terminó esa forma de manejarse. Terminan una obra un viernes y el lunes ya quieren otra millonaria. Nosotros trabajamos para sacar adelante la ciudad y no vamos a aceptar amenazas, presiones ni extorsiones.
-¿Qué cambió desde que usted asumió?
-Cuando llegué, en diciembre de 2023, había alrededor de 90 monotributistas y 50 cooperativas trabajando con el municipio. Hoy quedan solamente 15 que están al día y cumplen.
Durante estos años todas tuvieron oportunidades de trabajar, pero muchas fueron quedando fuera por problemas impositivos o por incumplimientos.
-Hay quienes recuerdan que este sistema de cooperativas surgió tras la crisis social de 2001. ¿Qué opinión tiene?
-Es cierto. En aquel momento fue una respuesta a una situación muy distinta, con una crisis profunda y una verdadera pueblada en el norte provincial. Pero hoy el contexto cambió. No queremos volver a ese esquema donde un pequeño grupo condicionaba al Estado mediante cortes de ruta o amenazas.
-Usted dijo que incluso les ofreció ingresar a trabajar al municipio. ¿Qué respuesta obtuvo?
-Les propusimos un contrato de trabajo, con las mismas condiciones que cualquier ciudadano que ingresa al municipio: cumplir horarios y aprobar el proceso correspondiente. Lo rechazaron. Dijeron que no querían trabajar, que querían obras. Eso explica claramente cuál es el problema.
-¿Qué medidas tomará el municipio frente a estas situaciones?
- Ya realizamos presentaciones en la Justicia provincial y también avanzaremos en la Justicia Federal. Intentar tomar el municipio o cortar una ruta constituye un delito. No vamos a permitir que unos pocos condicionen la gestión ni la vida de más de 200.000 habitantes.
-¿Recibió amenazas o reforzó su seguridad personal?
-No tengo custodia y camino tranquilo por Tartagal todos los días. Soy nacido y criado acá, conozco a la gente y sé que la enorme mayoría está cansada de estos mecanismos de presión. Sí sufrimos amenazas y amedrentamientos hacia mi familia, pero eso no va a cambiar nuestra decisión de gobernar para todos los vecinos y no para unos pocos grupos que pretenden vivir de la obra pública.-
-¿Cuál es el mensaje final que busca transmitir?
-Gobernamos para más de 200.000 habitantes, no para un pequeño grupo de piqueteros. En Tartagal hay muchísima gente que trabaja, emprende y quiere salir adelante. A ellos les debemos el esfuerzo del municipio. Las viejas mañas se terminaron y conmigo no van a funcionar.
Intendentes de San Martín dan apoyo
Los intendentes del departamento General San Martín salieron en respaldo del jefe comunal de Tartagal, Franco Hernández Berni, luego del fuerte enfrentamiento que mantuvo con un grupo de cooperativistas a los que acusó de intentar extorsionar al municipio mediante amenazas de cortes de ruta, tomas de edificios públicos y otras medidas de fuerza para exigir la adjudicación de nuevas obras.
El pronunciamiento de los jefes comunales se conoció pocas horas después de que se viralizara un video de la reunión entre Hernández Berni y los manifestantes, en el que el intendente sostuvo que su gestión no cederá ante este tipo de presiones y lanzó una frase que rápidamente adquirió repercusión política: "Las viejas mañas van a chocar conmigo".
A través de un comunicado conjunto, los intendentes Samuel Córdoba (General Ballivián), Carlos Funes (Embarcación), Gustavo Subelza (Salvador Mazza), Guillermo Alemán (Aguaray) y Ana Guerrero Palma (General Mosconi) expresaron su "total solidaridad y respaldo" al intendente tartagalense.
Los jefes comunales manifestaron además su preocupación por el accionar de grupos que, según señalaron, recurren de manera reiterada a amenazas, cortes de rutas y otras acciones de fuerza para intentar obtener respuestas del Estado.
En ese sentido, sostuvieron que esas organizaciones "no representan a los vecinos" y advirtieron que resulta "inadmisible seguir cediendo a mecanismos de presión que alteran la paz social, afectan la convivencia y frenan el desarrollo del departamento San Martín".
La controversia comenzó días atrás cuando un grupo de cooperativistas inició una protesta frente a la Municipalidad de Tartagal, luego de cortes en la ruta 34 y una huelga de hambre.
Reclaman el pago de trabajos ejecutados y la asignación de nuevas obras públicas.
Como respuesta, Hernández Berni difundió un registro audiovisual del encuentro mantenido con los manifestantes, donde aseguró que algunos referentes condicionaban al municipio con la posibilidad de cortar la ruta nacional 34, ocupar el edificio comunal e incluso trasladar las protestas hasta el Centro Cívico Grand Bourg.
Durante ese intercambio, el intendente cuestionó además el desempeño de algunas cooperativas, afirmó que varias obras fueron entregadas fuera de los plazos previstos y explicó que los pagos están sujetos a los procedimientos administrativos y a la certificación de los trabajos ejecutados.
"Nos pusimos firmes. Se acabaron las viejas mañas y de vivir del Estado", sostuvo el jefe comunal, quien además defendió la decisión de su gestión de no otorgar nuevas obras bajo presión.
Buscarán una estrategia común
Tras expresar su respaldo a Hernández Berni, los intendentes del departamento General San Martín anunciaron que solicitarán una audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz para analizar la situación y avanzar en una estrategia conjunta frente a este tipo de conflictos.
El objetivo, indicaron, es fortalecer los mecanismos institucionales de diálogo, evitar nuevos cortes de rutas o bloqueos y consolidar políticas públicas que promuevan el empleo genuino por encima de los reclamos extorsivos.
El respaldo político de los cinco intendentes le otorga una dimensión regional al conflicto planteado en Tartagal y deja en evidencia una posición común de los municipios del norte provincial frente a las protestas que buscan condicionar la gestión mediante medidas de fuerza.