Los incendios que en los últimos días pusieron en alerta a los salteños dejaron nuevamente al descubierto una problemática que suele pasar inadvertida hasta que el fuego aparece, el abandono de terrenos baldíos y la falta de controles efectivos sobre su mantenimiento.
Parcelas cubiertas de pastizales, malezas secas y residuos acumulados pueden convertirse, especialmente durante jornadas de altas temperaturas, sequedad y fuertes vientos, en un escenario ideal para el inicio y la rápida propagación de las llamas. Lo que comienza como un pequeño foco puede alcanzar en cuestión de minutos viviendas, comercios, tendidos eléctricos y otros sectores poblados.
La situación resulta todavía más difícil de justificar cuando muchos de esos terrenos forman parte de inversiones inmobiliarias de considerable valor. Sus propietarios adquieren las parcelas, esperan una futura valorización o aguardan el momento de construir, pero mientras tanto las dejan abandonadas. El problema, sin embargo, deja de ser exclusivamente privado cuando ese abandono genera consecuencias para toda la comunidad.
Los lotes sin mantenimiento no solo representan un riesgo de incendio. Con frecuencia terminan transformándose en microbasurales, lugares de acumulación de residuos y espacios propicios para la proliferación de roedores, insectos, reptiles y otras alimañas.
El abandono de una propiedad particular termina así trasladando costos y riesgos al conjunto de los vecinos.
Existe, en este punto, una responsabilidad primaria de los propietarios. Mantener limpio un terreno no debería depender únicamente de la posibilidad de recibir una multa; es una obligación elemental de convivencia y prevención. Pero también existe una responsabilidad indelegable del Estado municipal.
En distintas localidades de la provincia existen ordenanzas que obligan a los dueños de baldíos a realizar tareas periódicas de desmalezado, limpieza y conservación. El inconveniente es que, muchas veces, esas normas existen en el papel pero tienen una aplicación limitada o directamente inexistente. Sin inspecciones, intimaciones y sanciones efectivas, cualquier legislación termina convirtiéndose en una expresión de buenas intenciones.
En otros municipios, en cambio, puede ser necesario que los concejos deliberantes revisen o actualicen sus marcos normativos, estableciendo mecanismos claros de control y procedimientos que permitan al Estado intervenir cuando los propietarios incumplen reiteradamente sus obligaciones.
Si bien es cierto que fenómenos meteorológicos extremos, como los registrados en los últimos días, no siempre pueden evitarse. Un viento intenso, una ola de calor o una sequía prolongada están fuera del alcance de una administración municipal. Lo que sí puede hacerse es reducir las condiciones que transforman esos fenómenos en una catástrofe.
La prevención comienza con terrenos limpios, espacios públicos mantenidos, controles permanentes y vecinos responsables. Esperar a que el fuego se desate para recién entonces preguntarse qué podría haberse hecho es llegar siempre tarde.
Después de dos jornadas en las que Salta volvió a comprobar la velocidad y la capacidad destructiva que puede alcanzar un incendio bajo condiciones climáticas adversas, municipios y concejos deliberantes tienen una tarea concreta por delante, la de revisar las normas existentes, hacerlas cumplir y, donde no las haya, avanzar rápidamente en su creación, porque se trata de seguridad, prevención y responsabilidad colectiva.