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El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, hizo pública este martes la denuncia penal que presentó contra un grupo de dirigentes sociales a quienes acusa de haberlo amenazado y extorsionado durante una reunión mantenida la semana pasada, en el marco de un reclamo por la asignación de obras públicas para cooperativas.
La presentación judicial, difundida por el propio jefe comunal a través de sus redes sociales, sostiene que durante el encuentro los denunciados advirtieron que, de no acceder el municipio a sus exigencias, llevarían adelante medidas de fuerza que incluirían un nuevo corte sobre la Ruta Nacional 34, la toma del edificio municipal e incluso una protesta en la sede del Gobierno provincial, en el Centro Cívico Grand Bourg, en la ciudad de Salta.
El municipio identificó como denunciados a Cristian Jesús Fernández, alias "Chicharrón"; Cristian Eduardo Fernández; Gustavo Fernández, conocido como "Chiva"; Marcelo Constanzo, alias "Loco Marihuano"; y Héctor Godoy, alias "Negro". Todos ellos fueron señalados como presuntos protagonistas de las amenazas.
"Vinieron a extorsionarme: si no les daba obras, amenazaban con cortar la ruta, tomar el Municipio e ir al Grand Bourg. Eso conmigo no va. Me mantuve firme, actué dentro de la ley y presentamos la denuncia ante la Justicia. En Tartagal se terminaron las viejas mañas. Basta de amenazas ni extorsiones", expresó Hernández Berni al dar a conocer la documentación.
Según consta en la denuncia penal, el encuentro se realizó el 15 de julio, alrededor de las 14, en un estudio jurídico que actuó como espacio de mediación, con la participación del intendente, autoridades de la Policía de Salta y funcionarios municipales.
El objetivo de la reunión, de acuerdo con el escrito, era responder a los reclamos de organizaciones que previamente habían realizado un corte de la Ruta Nacional 34 y mantenían un asentamiento frente al edificio municipal en demanda de obras públicas.
Siempre según la presentación judicial, durante el diálogo las autoridades municipales explicaron que la comuna no contaba con disponibilidad presupuestaria para asignar nuevas obras, aunque ofrecieron alternativas laborales que habrían sido rechazadas por los representantes de las organizaciones.
A partir de ese momento, sostiene la denuncia, el intercambio fue elevando su tono hasta derivar en amenazas y coacciones contra el jefe comunal, quien manifestó temer por su integridad física y la de su familia.
El escrito afirma además que las advertencias formuladas por los denunciados formarían parte de un "modus operandi" reiterado con el objetivo de presionar a la administración municipal mediante medidas de fuerza para obtener beneficios.
Pedido de protección
La denuncia, presentada por el asesor legal de la comuna en representación del Ejecutivo municipal, solicita a la Justicia medidas preventivas destinadas a resguardar la seguridad del intendente y de su grupo familiar.
Asimismo, se ofrece como elemento probatorio la grabación completa de la reunión, registrada -según el documento- con el consentimiento previo de todos los participantes, además de los testimonios de los funcionarios y efectivos policiales que estuvieron presentes.
Entre las personas denunciadas figuran cuatro dirigentes identificados por la Municipalidad, a quienes se atribuyen las presuntas amenazas y actos de coacción que ahora serán materia de investigación.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si los hechos configuran la comisión de delitos y avanzar con las medidas probatorias.