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La secretaria legislativa del Concejo Deliberante de Tartagal, Roxana Drube, realizó una presentación ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género contra el concejal Manuel Germán Moreno (LLA), a quien acusó de ejercer presuntos actos de violencia psicológica y hostigamiento.
De acuerdo con el acta labrada el 5 de agosto en Tartagal, Drube relató una serie de situaciones que, según manifestó, comenzaron a registrarse desde los primeros meses de su gestión como secretaria legislativa. Entre ellas mencionó discusiones relacionadas con procedimientos administrativos, pedidos de expedientes y cuestionamientos formulados por Moreno respecto de su desempeño.
La denunciante sostuvo que en una de esas situaciones el concejal la habría señalado públicamente como "oficialista" mientras ella intentaba explicarle el reglamento. Posteriormente, afirmó que el edil la acusó de haber ingresado un expediente fuera de horario y que realizó publicaciones cuestionando el funcionamiento del área.
Según Drube, el hostigamiento habría continuado durante los meses siguientes. En particular, relató un episodio ocurrido el 17 de julio, cuando Moreno habría concurrido a su oficina para solicitarle documentación correspondiente a una comisión de la que no formaba parte. Ante la negativa de la funcionaria, siempre según su denuncia, el concejal le habría manifestado que realizaría una nota pública para señalar que la Secretaría Legislativa no cumplía con sus funciones.
La secretaria legislativa aseguró además que estas situaciones se trasladaron al ámbito público y que las reiteradas referencias a su desempeño comenzaron a afectarla psicológicamente y en el desarrollo de sus tareas. También manifestó sentir temor por eventuales represalias laborales.
En su presentación, Drube solicitó a la Justicia que se intime al concejal Moreno a abstenerse de ejercer actos de violencia psicológica en su contra y de realizar declaraciones públicas sobre su trabajo y su persona. También pidió que tanto el denunciado como los integrantes del Concejo Deliberante reciban capacitación obligatoria en violencia de género, en el marco de la Ley Micaela.
La denunciante aclaró que inicialmente no pretendía hacer público el conflicto ni convertirlo en una cuestión política, pero sostuvo que decidió recurrir a la vía judicial al considerar que no encontró una solución dentro del ámbito laboral. La presentación quedó radicada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, que deberá evaluar las medidas correspondientes.