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El Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen se prepara para insistir con una ordenanza que establece una herramienta para regular un eventual proceso de juicio político contra la intendenta municipal Soledad Cabrera.
Así lo explicó el concejal y secretario legislativo del cuerpo, Gabriel Hoyos, quien, en diálogo con El Tribuno, señaló que la iniciativa había sido vetada por el Ejecutivo y que será tratada nuevamente en la sesión prevista para este jueves.
Según detalló, el Concejo cuenta con la mayoría de votos necesarios para insistir con la ordenanza. Una vez aprobada la insistencia, deberán transcurrir ocho días administrativos para que la normativa entre en vigencia.
Hoyos aclaró que la sesión no dará inicio al juicio político contra la Intendenta, sino que permitirá dejar vigente la herramienta que posteriormente podría utilizarse para comenzar ese proceso.
"Buscamos transparencia"
El concejal sostuvo que el objetivo del bloque que integra junto a Carla González es fortalecer el rol de control del Concejo Deliberante y obtener información sobre el destino de los recursos municipales.
"Buscamos transparencia", remarcó Hoyos, quien cuestionó que las rendiciones de cuentas remitidas al cuerpo deliberativo serían, según su planteo, incompletas y con documentación insuficiente.
Además, insistió en que el eventual juicio político no debería ser entendido como una medida dirigida exclusivamente contra la actual intendente, sino como un mecanismo que podría establecer un precedente para futuras gestiones municipales.
Rebotaron en varias fiscalías
Hoyos comenta que tuvieron que presentarse en distintas fiscalías porque les ponían muchas complicaciones a la hora de recibir las denuncias.
"El pueblo mismo nos exige todos los días que hagamos bien las cosas, que hagamos las denuncias. Nosotros nos planteamos como bloque junto a mi compañera Carla González y dijimos que tenemos que hacer las presentaciones, intimar al municipio si no responde y agotar todas las instancias hasta formalizar las denuncias penales", comentó.
Y agregó: "Entonces tuvimos que ir hasta la Fiscalía, y allí nos dieron varias vueltas para poder recibir las denuncias. Nos fuimos a la Comisaría de Yirigoyen, después nos fuimos a la Fiscalía de Orán, de allí nos mandaban a Pichanal y de Pichanal nos mandaban a Orán. Nos llamaba poderosamente la atención eso de cómo nos iban rebotando de fiscalía en fiscalía a nosotros como equipo", afirmó.
Denuncias por obras y fondos
Hoyos enumeró distintas situaciones que, según manifestó, fueron denunciadas o se encuentran bajo análisis.
Entre ellas mencionó una obra de un tinglado en el Instituto Terciario 6.018, por la que, de acuerdo con su exposición, existiría documentación que da cuenta a una obra ejecutada que actualmente no se encontraría materializada.
También hizo referencia al tinglado del Complejo Deportivo Municipal, donde aseguró que figuran alrededor de $161 millones destinados a la obra, aunque sostuvo que en el lugar solamente pueden observarse entre cuatro y seis estructuras, nada más.
A esto sumó cuestionamientos vinculados con el programa "Puesta a Punto", por fondos que, según relató, debían llegar a establecimientos educativos. El concejal indicó que se realizaron consultas a directivos de escuelas para determinar si esos recursos habían sido efectivamente recibidos, y ellos manifestaron que "nunca llegó ni un centavo".
Además, mencionó denuncias anteriores relacionadas con cheques, la compra de pinturas por aproximadamente $40 millones y otras situaciones que, según señaló, fueron puestas en conocimiento de la Justicia. Hoyos asegura que el faltante es superior a los $1.000 millones.
La situación de las 62 hectáreas
Otro de los temas que el Concejo pretende investigar está relacionado con una obra vinculada a una bomba de agua en el sector de las 62 hectáreas.
Hoyos cuestionó el impacto que habría tenido la obra sobre los vecinos de la zona y afirmó que se produjeron problemas vinculados al ingreso de agua a viviendas y al funcionamiento de canales, llegando a ser más un problema que una solución.
También planteó interrogantes sobre la paralización de los trabajos, el retiro de maquinaria y los recursos destinados al proyecto.
"Tiene que ver con la bomba de agua en las 62 hectáreas. Vino Ignacio Jarsún para acá a sacarse fotos, estuvo la intendente y estuvieron algunos funcionarios del gobierno que vinieron a sacarse fotos en esa bomba de agua que terminó perjudicando a prácticamente media 62 hectáreas, a medio barrio. Donde había canales, terminaron perjudicando la vida de los ciudadanos que querían recitar por el lugar y el agua ingresaba a sus domicilios. Se formaba una especie de canal y durante 4 o 5 meses con escasa cantidad de agua y encima salía turbia", relató.
"Hubo muchas denuncias, reclamos a la empresa Aguas del Norte. Queremos saber por qué motivo se paralizó esa obra y luego se armaron sus cosas, se llevaron la maquinaria y quedó todo en la nada. Terminaron perjudicando a todo un barrio".
En este punto, señaló que el Concejo continuará solicitando documentación y rendiciones para determinar qué ocurrió con la obra y, eventualmente, establecer si corresponde realizar nuevas presentaciones ante los organismos competentes.
Cuestionamientos por el Festi Yrigoyen y medios de comunicación
El concejal también puso bajo la lupa las rendiciones relacionadas con el Festi Yrigoyen. Según explicó, el Concejo recibió planillas con cifras, pero reclama documentación que puedan respaldar la información como tickets, comprobantes y detalles de los gastos.
Entre los puntos que pretende aclarar mencionó la contratación de grupos musicales, sonido, publicidad y eventuales aportes realizados por empresas.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con una cifra de aproximadamente $33 millones en publicidad para medios de comunicación. Hoyos sostuvo que buscan conocer cómo se distribuyeron esos recursos y cuáles fueron los medios beneficiados.
"Nos llama poderosamente la atención que figura 33 millones en publicidad. Cuando hay solamente un medio de comunicación nada más que está siendo solventado con lo que es la parte publicitaria. Entonces hay una irregularidad y también un desequilibrio".
Reclamos por los recursos del Concejo
Hoyos afirmó que existe una normativa provincial que establece que el cuerpo deliberativo debe recibir el 3% del presupuesto municipal, y sostuvo que esos recursos no se estarían transfiriendo de manera completa durante los períodos 2024, 2025 y 2026. De acuerdo con su estimación, ese porcentaje representaría actualmente unos $93 millones anuales para el Concejo.
También cuestionó la situación salarial de los concejales y señaló que actualmente percibe alrededor de $240 mil mensuales, mientras que el cuerpo impulsa una ordenanza para llevar esa cifra a aproximadamente $700 mil.
Interpelaciones a funcionarios
Además de la discusión sobre el juicio político, el Concejo prevé avanzar con la citación de funcionarios municipales.
Hoyos mencionó particularmente a responsables del área de agentes socioambientales, vinculados a las tareas de prevención del dengue y descacharrado.
Según explicó, los funcionarios fueron citados en reiteradas oportunidades sin presentarse ante el cuerpo deliberativo. Por ese motivo, se buscará avanzar con una interpelación para conocer cómo se organiza el área, qué recursos utiliza, qué gastos realiza y cuáles son sus resultados.
"El tema de salud es muy importante y se gasta mucho dinero, también ingresan fondos, entonces queremos saber eso y todavía no tenemos respuesta", sostuvo.
El eventual juicio político podría durar cuatro meses
Hoyos explicó que, una vez que la ordenanza quede vigente y el Concejo determine utilizarla, comenzará una etapa de recopilación de documentación, citaciones e interpelaciones.
Según indicó, el procedimiento tendría una duración aproximada de cuatro meses y podría incluir la convocatoria de testigos. El concejal afirmó que existe una lista preliminar de más de 100 personas que podrían ser convocadas durante el proceso.
Recién después de esa etapa se elaboraría un dictamen y se sometería a votación la continuidad de la intendenta en el cargo. Para una eventual destitución, Hoyos señaló que serían necesarios cinco votos dentro del Concejo Deliberante.
En tanto, aclaró que mientras el proceso no se inicie formalmente, y aun en caso de iniciarse, la intendenta continuaría ejerciendo sus funciones, ya que la ordenanza no establece una suspensión automática.
Presunción de inocencia y un proceso que podría judicializarse
El concejal remarcó en distintos momentos de la entrevista que cualquier eventual acusación debe atravesar las instancias correspondientes y que rige el principio de presunción de inocencia.
Explicó que uno de los motivos para crear esta herramienta es establecer un procedimiento formal que permita documentar cada etapa: pedidos de información, citaciones, interpelaciones y demás actuaciones.
Según Hoyos, esto resulta especialmente importante porque un eventual proceso podría terminar judicializado y ser analizado por la Justicia.
"Tenemos que tener sustento en cuanto a lo que decimos", sostuvo, al considerar que cada instancia debe quedar debidamente documentada.
Reclamo por una reforma de la Carta Orgánica
Finalmente, Hoyos planteó la necesidad de reformar la Carta Orgánica Municipal de Hipólito Yrigoyen para establecer herramientas más claras de control institucional.
Entre otros puntos, mencionó la necesidad de contar con un Tribunal de Faltas y modificar distintos mecanismos vinculados con la recaudación y el funcionamiento municipal.
El concejal sostuvo que la intención del actual cuerpo deliberativo es generar mecanismos que permitan mejorar el control de los recursos públicos y dejar un precedente para las próximas administraciones.