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La situación de la concejal Camila Jorge suma ahora una confirmación oficial. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Salta respondió un pedido de información realizado desde el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma y dejó expresamente asentado que la profesional intervino como patrocinante letrada en los Expedientes de Mediación N.º 13/26 y N.º 35/26, correspondientes a audiencias celebradas el 23 de febrero y el 6 de abril de 2026, respectivamente.
La respuesta lleva fecha 19 de agosto de 2026 y está dirigida al Director General de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Allí se señala que el requerimiento de información coincidía con otro expediente administrativo y que en esas actuaciones ya se había informado la intervención de Jorge como patrocinante en ambos procedimientos. El documento lleva la firma del funcionario de la Dirección General de Mediación de la Secretaría de Justicia.
La confirmación oficial adquiere especial relevancia porque los documentos de las propias mediaciones ya mostraban la intervención de Jorge. En el Expediente N.º 13/26, correspondiente a una mediación por alimentos, autorización de viaje y régimen de comunicación, aparece identificada como abogada patrocinante, con su matrícula profesional N.º 6701. El convenio fue firmado en Rosario de Lerma el 23 de febrero de 2026.
Lo mismo ocurre con el Expediente N.º 35/26. En ese procedimiento, referido a cuestiones de cuidado personal, alimentos, derecho de comunicación y autorización de viaje, Jorge vuelve a figurar como patrocinante letrada. El convenio fue firmado en Rosario de Lerma el 6 de abril de 2026 y el documento lleva también su firma y sello profesional.
No se trata solamente de una actuación ante un juzgado
El nuevo elemento modifica el alcance de la discusión. La denuncia contra Jorge ya había incorporado actuaciones en expedientes del Poder Judicial. Ahora aparece documentada también su intervención ante un Centro Comunitario de Mediación dependiente de la estructura provincial de Justicia.
El propio Gobierno de Salta informa que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos tiene entre sus competencias la mediación y que, a través de la Dirección General de Mediación, Conciliación y Arbitraje, promueve y supervisa el funcionamiento de los centros de mediación públicos, comunitarios, privados e institucionales de la provincia.
En el caso particular de Rosario de Lerma, el Gobierno provincial también identificó al Centro Comunitario de Mediación como parte de los servicios de acceso a Justicia brindados por la Provincia.
El punto central de la denuncia es la Ley Provincial N.º 7204, que establece un régimen de incompatibilidades para determinados funcionarios. Su artículo 1 prohíbe a los funcionarios comprendidos representar o patrocinar profesionalmente a terceros que pretendan hacer valer derechos ante los poderes públicos de la Provincia o sus municipios. El artículo 2 incluye expresamente a los concejales municipales.
Por eso, la nueva documentación plantea una cuestión concreta que deberá ser analizada por el órgano competente: si una concejal se encontraba alcanzada por esa prohibición, ¿podía intervenir profesionalmente como abogada ante un organismo estatal de la Provincia? La documentación oficial ahora confirma que esa intervención efectivamente ocurrió.
La ampliación de la denuncia incorpora así una diferencia importante respecto de los antecedentes anteriores: ya no se trata únicamente de documentación proveniente de particulares o de fichas judiciales. Existe también una respuesta formal de la propia Secretaría de Justicia, que identifica a Camila Jorge como patrocinante en dos expedientes de mediación y precisa las fechas de las audiencias.
La cuestión deberá ser analizada por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, donde tramita la denuncia. Será ese organismo el que deberá determinar el alcance de las actuaciones, si existió una incompatibilidad profesional y, eventualmente, qué consecuencias corresponden.