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Un nuevo capítulo sumó el recorte de las prestaciones sociales a gente que no le corresponde o incumplió las condiciones para recibirlas. Tras las quita de planes Potenciar a quienes viajaron al exterior o que tenían un empleo , ahora se suman a los titulares de pensiones.
El fiscal Guillermo Marijuan le solicitó a través de un oficio a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la baja de 2.954 beneficiarios que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), porque incumplen con la norma de mantener residencia en el país. Es decir, se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años "vulnerables" y regresaron a su país de origen, según los registros de Migraciones. A valores actuales, el perjuicio mensual para el Estado es de $449.341.802, que trepa a $5.842 millones por año.
Bajo estudio de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo de Marijuan están otros 7.512 "titulares PUAM" que mantuvieron "intervalos fuera del país por más de 60 días", lo que también transgrede la norma.
El oficio enviado por Marijuan a la ministra de Javier Milei, detalla: "En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizara un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior".
Los que se fueron y los que cobraban
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, de los 2.954 titulares de la Puam, unos 1.300 se fueron del país hace más de 3 meses, periodo que estipula Anses y a partir del cual corresponde la suspensión del beneficio. Otras incluso lo hicieron antes.
La Justicia ahora deberá determinar quiénes iban a los cajeros a cobrar los $ 5.842.000.000 anuales de personas que no residen en el país y qué funcionarios públicos permitieron que esto suceda.