Con la Ley Bases y el paquete fiscal, la administración libertaria se propone aplicar profundos cambios en la vida cotidiana de los argentinos, como el pago de impuestos, las relaciones laborales, las obras públicas e incluso las facultades del Presidente.
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Con la Ley Bases y el paquete fiscal, la administración libertaria se propone aplicar profundos cambios en la vida cotidiana de los argentinos, como el pago de impuestos, las relaciones laborales, las obras públicas e incluso las facultades del Presidente.
Relación con el Estado
Se establece un nuevo esquema en la interacción entre los ciudadanos y la administración pública. Bajo el título "eficiencia burocrática", la administración pública no podrá solicitar documentos o informes que ya hayan sido presentados. Además, si no responde a una solicitud en el tiempo estipulado, se activará el "silencio administrativo", otorgándose lo solicitado automáticamente. Esto excluye a salud pública, medio ambiente y servicios públicos.
Empleados públicos
Los empleados de organismos del Estado sujetos a reestructuración podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Durante este período, recibirán capacitación o se les asignarán tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados. No serán afectados los delegados sindicales o quienes estén de licencia por enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio. Vencida la licencia, podrán quedar en disponibilidad.
El derecho a huelga no podrá ser tomado como un elemento causal de despido, aunque sí se podrá descontar el día de paro.
Empleo privado
Se introduce un período de prueba de seis meses para nuevos empleados, ampliable a ocho meses o un año. Participar en bloqueos o tomas de la empresa será considerado como injuria laboral grave y justificación para el despido.
Se plantea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, financiado con un aporte mensual del empleador que no supere el 8% del salario.
Los trabajadores independientes o monotributistas podrán contratar a otros tres trabajadores independientes.
Obras Públicas
Las obras públicas financiadas por el Estado que superen los $10.000 millones serán canceladas salvo aquellas con avance de ejecución del 80% o más, o que posean financiamiento internacional, afectando infraestructuras como rutas, hospitales y escuelas. Es uno de los puntos que más rechazan los gobernadores.
Empleo registrado
Se crea un nuevo régimen destinado a fomentar el empleo registrado y a eliminar temporalmente las multas para empleadores que no hayan regularizado a su personal hasta la fecha. Esta medida tendrá una vigencia de tres meses.
Grandes inversiones
Las empresas que operen en sectores como la forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas pueden inscribirse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), destinado a fomentar grandes inversiones.
Las compañías deben realizar una inversión mínima de 200 millones de dólares. Podrán recaudar un porcentaje de las exportaciones: el 20% en el segundo año, el 40% en el tercer año, y el 100% a partir del cuarto año. Las ganancias netas estarán sujetas a un impuesto del 7%, que se reducirá a 3,5% después de siete años de adhesión al régimen.
Las compañías inscritas deberán emplear personal local y destinar al menos el 20% de su inversión a proveedores locales.
Precio en cigarrillos
Las personas que fuman se verán afectadas por un aumento en el precio de los cigarrillos. Si bien se eliminó el componente fijo del impuesto, la alícuota variable fue elevada del 70% al 73%. Se estableció que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos.
Habrá más despidos en el Estado
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó ayer nuevas bajas en los contratos del Estado previstas para pasado mañana. "El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza", sostuvo en la habitual rueda de prensa.
Trascendió que el Gobierno avanzará con otros cinco mil despidos de trabajadores estatales en el marco de la permanente revisión trimestral que se propuso desde la asunción del presidente Javier Milei, el pasado 10 de diciembre.
El funcionario descartó las cifras que manejan los gremios al asegurar que "no está el número definitivo. Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23 mil que se dieron de baja y el resto seguían en revisión", detalló.