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El Congreso de la Nación retomó ayer su actividad dando inicio al período de sesiones extraordinarias, que se extenderá por cinco semanas y fue convocado por el Gobierno nacional con el objetivo de tratar un temario compuesto por varios proyectos impulsados por el oficialismo.
Uno de los temas más relevantes a tratarse hasta el cese de las extraordinarias, que será el 21 de febrero, es el proyecto de Ficha Limpia, que impide ser candidatos a los dirigentes con condenas por corrupción que tengan fallos de segunda instancia. La iniciativa ingresó ayer formalmente a Diputados para su tratamiento.
El proyecto también prohíbe a los condenados por corrupción desempeñarse como jefe de Gabinete, ministro, en organismos descentralizados, entes de servicios públicos y en la Cancillería, así como en empresas públicas.
El presidente Javier Milei había firmado el viernes pasado la iniciativa, antes de viajar a Estados Unidos, donde participó de la jura del mandatario Donald Trump.
A diferencia del proyecto promovido por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, la propuesta oficial establece que la prohibición de ser candidato es solo para aquellas condenas en segunda instancia dictadas antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
Con el nuevo proyecto, el oficialismo se sentará a dialogar con los bloques aliados que respaldan la Ficha Limpia, ya que tanto el kirchnerismo como la izquierda rechazan de plano esta iniciativa.
También avaló la propuesta un sector mayoritario de Encuentro Federal, mientras que la docena de legisladores de Democracia para Siempre quiere extender la prohibición a los acusados por delitos de narcotráfico, violación, y trata de personas.
Para sancionar el proyecto se requiere una mayoría agravada de 129 votos en diputados y 37 en el Senado.
Los detalles
El proyecto fija que no podrán postularse los acusados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito.
"El supuesto previsto en el presente inciso se aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta", reza el texto.
También aclara que, en caso de que la sentencia se firme desde el primero de enero del mismo año del proceso electoral, se aplicará en los comicios que se realizarán en dos años.