inicia sesión o regístrate.
El Tribunal Oral Federal 7 condenó ayer al exministro de Planificación Federal Julio De Vido a cuatro años de prisión por administración fraudulenta agravada en la causa que investigó irregularidades en la compra de buques de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2009. La condena fue emitida por unanimidad por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
El exfuncionario Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, también fue hallado culpable como coautor del delito y fue condenado a tres años y seis meses de prisión. Los jueces encontraron penalmente responsable al exministro por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, y junto a De Vido estaban procesados como supuestos coautores de "administración fraudulenta en perjuicio del Estado".
Además de las penas de prisión, el TOF 7 impuso a los condenados (De Vido, Baratta, y el empresario Nicolás Dromi San Martino) la obligación de devolver al Estado nacional US$5,5 millones en concepto de reparación por la maniobra fraudulenta.
La causa
La investigación se centró en las irregularidades detectadas durante las compras de GNL, que se realizaron durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De Vido y Baratta fueron acusados de haber pagado "innecesariamente" más de US$5,5 millones a intermediarios, causando un perjuicio al Estado.
Específicamente, la Justicia investigó una maniobra de sobreprecios donde se realizaron pagos de comisiones a la petrolera estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y dos compañías vinculadas a la familia Dromi: Diligentia S.A. y Dysan SA. Estas empresas habrían intervenido como brokers en la compra de once cargamentos de GNL.
El empresario Nicolás Dromi, director de Diligentia SA, fue encontrado culpable como partícipe necesario y condenado a la pena de tres años de prisión.
Según la acusación fiscal, no existía ningún informe técnico ni análisis comparativo que justificara la participación de estas empresas en la operatoria, especialmente porque eran compañías sin experiencia en el sector y los vínculos entre Enarsa y los proveedores (como Morgan Stanley) ya estaban establecidos. El fiscal Codromaz llegó a señalar que "no hay ninguna prueba de qué valor aportó la intermediación de Dromi".
Cabe destacar que el proceso judicial tuvo una duración de 11 años. Aunque el caso se inició tras un peritaje que determinó una supuesta pérdida de casi US$7 mil millones, esa pericia contenía datos falsos. Sin embargo, un peritaje posterior, si bien determinó que se pagaron precios de mercado, estableció que existían elementos suficientes para continuar con la causa penal.