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La comisión investigadora de la cripto estafa Libra apeló ayer la decisión del Juzgado Federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que había rechazado el uso del auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de los funcionarios citados, entre otros de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En los argumentos, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, recordó que el artículo 75 de la Constitución Nacional en el inciso 32 determina la atribución del Congreso de ejercer "la potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno".
Según expresó, esta facultad de control "no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político".
En la apelación, la comisión sostuvo que la decisión judicial "lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político".
"Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática", expresaron en el escrito los bloques opositores.