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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2) ordenó el decomiso y la ejecución de bienes inmuebles, sumas de dinero y activos varios por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, conocida como Vialidad. La resolución fue firmada el 18 de noviembre de 2025, tras quedar firme la sentencia el 10 de junio del mismo año.
La medida alcanza a Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otros condenados, además de sociedades utilizadas en la maniobra. También involucra a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, no por condena penal, sino en calidad de titulares de bienes identificados como parte del circuito patrimonial investigado.
La sentencia original había fijado un decomiso de $84.835 millones, pero el monto fue actualizado luego del trabajo de peritos oficiales, peritos fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, aplicando una metodología que el tribunal aceptó como válida.
Los condenados fueron intimados a pagar el valor actualizado, pero al no cumplir, el TOF 2 ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el fallo.
Qué bienes se ejecutarán
El tribunal dispuso dar prioridad a los bienes en poder de los condenados y de las empresas involucradas en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Entre ellos:
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Propiedades de Austral Construcciones SA
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Activos de Kank y Costilla SA
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Inmuebles de Gotti Hnos. SA
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Bienes de Loscalzo y Del Curto SRL
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Propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner
Si estos bienes fueran insuficientes, se avanzará sobre activos de los exfuncionarios Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, para cubrir el total del decomiso.
Todos los bienes deberán ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.
Argumentos de las defensas
Los abogados defensores de Báez, Fernández de Kirchner, Pavesi y otros condenados rechazaron el decomiso, alegando:
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Falta de acreditación del vínculo entre los bienes y el delito
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Insuficiencia probatoria
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Violación de principios constitucionales
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Inclusión de bienes previos al ejercicio de cargos públicos
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Incorporación de activos investigados en otras causas en las que hubo sobreseimientos firmes
Todas esas objeciones fueron rechazadas por el tribunal.
Fundamentos del tribunal
El TOF 2 sostuvo que la sentencia firme acreditó “beneficios económicos directos e indirectos” para Báez y para la familia Kirchner derivados de la adjudicación y ejecución irregular de contratos viales entre 2003 y 2015, período considerado clave para la maniobra.
Además, recordó que el decomiso alcanza:
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Instrumentos del delito
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Efectos o provecho económico
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Bienes en poder de terceros, salvo adquirentes de buena fe y a título oneroso
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Activos transformados, sustituidos o mezclados con dinero lícito, si existe una vinculación razonable y temporal con el delito
El fallo cita normativa nacional y estándares internacionales, como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos obtenidos mediante ilícitos.
Destino de los bienes y pasos siguientes
El tribunal notificó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir el destino final de los inmuebles decomisados. La finalidad prioritaria es la reparación del daño patrimonial al Estado y a la sociedad.
La Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes que puedan ser incorporados al decomiso mientras continúe la ejecución de la sentencia.