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El miércoles pasado fue un día doloroso. Una jornada en la que la violencia superó a la racionalidad.
Los reclamos de los jubilados son inobjetables. Más allá de cualquier interpretación que se formule sobre sus causas desde la economía o la ideología, lo cierto es que sobre ellos cae todo el peso de la crisis previsional. Nadie puede impedir sus manifestaciones pacíficas y, sin duda, el apoyo presencial de mucha gente que se solidariza con su reclamo.
Basta recordar la contundencia de la marcha en respaldo a la universidad pública, 23 de abril del año pasado, con miles de personas en las calles sin pancartas políticas ni provocaciones de ningún tipo. Ese día, la movilización cívica y democrática transcurrió de manera ejemplar y pacífica.
En democracia, los conflictos, las injusticias y las disidencias no se resuelven incendiando vehículos o contenedores, y tampoco, apelando desde el gobierno a una exhibición de dureza e inflexibilidad como único recurso. Cabe recordar que, durante la presidencia de Carlos Menem, en los años '90, las protestas de jubilados fueron intensas y prolongadas. En un momento, cuando el conflicto tomó un rumbo violento, la decisión de dejar el control de esas movilizaciones de todos los miércoles a cargo de la policía femenina apaciguaron las calles y se garantizaron los derechos constitucionales sin recurrir a ninguna forma de represión.
El miércoles no hubo un intento de golpe de Estado ni una matoneada de barrabravas. Pero la incitación a la participación de las hinchadas por parte de algunos opositores fue una maniobra que engendró un clima enrarecido. Era inimaginable una concentración de fracciones violentas de hinchas de distintos clubes que se sumaran pacíficamente a marchar con los jubilados, simplemente, porque se trata de una cuestión ajena a sus intereses. Sin embargo, el despliegue de fuerzas represivas y la exhibición de poderío de parte del gobierno insinuó que las autoridades esperaban que eso ocurriera.
Al mismo tiempo, la amenaza sirvió de pretexto para que activistas políticos iniciaran acciones de violencia, agresiones a la policía y daños a automóviles y edificios. Quedó claro que tampoco fue un reclamo solidario con el sector pasivo. En esta oportunidad, todo pareció indicar que el oficialismo y la oposición optaron por el lenguaje de la confrontación entre amigos y enemigos.
La crisis social del país es demasiado profunda y contiene en si misma una violencia latente que exige de la dirigencia política, empresarial, sindical y social prudencia y capacidad de acuerdo.
Si el espectáculo de las calles fue desolador, lo que ocurrió en recinto de la Cámara de Diputados, casi en simultáneo, fue bochornoso. Es imposible dejar de evocar el clima de incertidumbre que se vivió en la protesta por la reforma de la actualización de las jubilaciones en diciembre de 2017. El mismo escenario con otros protagonistas.
Pero esta vez, las peleas a golpes y los agravios verbales entre diputados libertarios, combinados con la conducta patoteril del bloque kirchnerista, que se solidarizó con los activistas, mostraron que la realidad social está ausente de sus inquietudes.
El Congreso es el espacio para los acuerdos entre adversarios políticos, porque la pluralidad y la negociación transparentes son inherentes a la democracia. Lo que pasó el miércoles en el recinto fueron meras reyertas de poder.
El saldo de un joven gravemente herido y lesionados de diverso grado entre manifestantes y agentes es un saldo nefasto para el gobierno, la oposición y, sobre todo, para la Patria.
El lenguaje de confrontación sin tregua, de parte de oficialistas y opositores solo conduce a engendrar violencia y así convertir a la política en una guerra. Ese es el peor camino para la democracia, la libertad y el derecho de los ciudadanos.