El tiempo corre. Hoy, Cristina Fernández de Kirchner enfrentará dos relojes judiciales que no detienen su marcha: a las 9.30 vence el plazo para que entregue el listado de personas autorizadas a visitarla en su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria; y en paralelo, se espera por hora el informe de los tasadores de la Corte Suprema para cuantificar sus bienes para dar inicio a la cuenta regresiva de diez días hábiles para que ella y los demás condenados en la causa Vialidad paguen una cifra que podría superar los 600 millones de dólares en concepto de daño al Estado.
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El tiempo corre. Hoy, Cristina Fernández de Kirchner enfrentará dos relojes judiciales que no detienen su marcha: a las 9.30 vence el plazo para que entregue el listado de personas autorizadas a visitarla en su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria; y en paralelo, se espera por hora el informe de los tasadores de la Corte Suprema para cuantificar sus bienes para dar inicio a la cuenta regresiva de diez días hábiles para que ella y los demás condenados en la causa Vialidad paguen una cifra que podría superar los 600 millones de dólares en concepto de daño al Estado.
Sobre la primera cuestión, la expresidenta pelea por convertir su domicilio en una usina política. La Justicia le autorizó visitas solo de familiares, médicos y abogados. Sus defensores protestaron: aseguran que esa restricción atenta contra sus derechos civiles y políticos. Y reclaman que pueda recibir a dirigentes, incluso internacionales, como el presidente de Brasil, Lula da Silva. Aún sin respuesta del tribunal, el plazo para presentar la nómina vence hoy. Después, vendrán los rechazos, los recursos y la tensión.
La defensa ya anticipó un frente de batalla. Advierte que impedirle reunirse con dirigentes afecta su rol como "principal líder de la oposición" y deja afuera a peritos clave que la asisten en otras causas judiciales. Plantean incluso que el régimen impuesto vulnera el ideal resocializador de la pena.
Mientras tanto, el juez Jorge Gorini -presidente del Tribunal Oral Federal 2 que la condenó- ya activó otra etapa de la condena: el cobro. La cifra base del fraude, calculada en más de $86.000 millones, parte de los 51 contratos viales adjudicados al Grupo Austral. El monto original era de $46.000 millones y fue actualizado en 2022 con índices oficiales y un trabajo académico del MIT sobre la inflación argentina. El Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte ya comenzó la revisión definitiva.
Cuando se fije el valor final, los condenados tendrán diez días para depositar el dinero. Si no lo hacen, se ejecutarán los bienes embargados. En el caso de Cristina, eso incluye dólares (hallados una caja de seguridad y una caja de ahorro a nombre de su hija Florencia), 25 inmuebles cedidos a sus hijos y acciones en Hotesur y Los Sauces SA. Todos deben responder de forma solidaria.
Un saludo dominical breve
La expresidenta Cristina Kirchner volvió a salir ayer al balcón de su departamento, ubicado en el barrio de Constitución, para saludar a la militancia que la esperaba apostada en las inmediaciones del edificio, donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la causa Vialidad.
"Cristina presidenta" fue la consigna que cantaron las personas que se encontraban aguardando poder ver a la exmandataria, quien aprovechó su breve aparición -solo estuvo unos tres minutos- para lucir un poncho con los colores de la bandera argentina que le arrojó uno de los presentes frente al edificio de la calle San José 1111.