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La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó su “enérgico repudio” ante los recientes ataques y manifestaciones discriminatorias contra el fiscal federal Diego Luciani y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques.
En un comunicado oficial firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Rafael Toranzos, y el secretario general, Alberto María Gentili, la organización advirtió que estos episodios no son aislados, sino que forman parte de un “contexto de convivencia violenta” que, según sostienen, es alimentado por “el lenguaje agresivo de actores con representación política y responsabilidad social”.
“Cada vez son más frecuentes los ataques a los magistrados judiciales, en especial a los fiscales, con la única intención de torcer sus decisiones e impedir que cumplan con su mandato legal”, señala el documento difundido ayer, en medio de una creciente polarización social y política.
El texto enfatiza que la independencia judicial no es solo un principio legal, sino también un derecho humano consagrado por normas internacionales, como el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Este tipo de hostigamiento constituye un retroceso en el trabajo realizado en materia de derechos humanos en nuestro país”, agrega el comunicado, que hace un llamado explícito a la reflexión y a la construcción de consensos que eviten la naturalización de los discursos violentos.
Finalmente, la Asociación instó a todas las instituciones sociales a sostener un marco de neutralidad e independencia judicial, y a fortalecer “los principios democráticos propios de un Estado de Derecho”.
La declaración se enmarca en un clima de tensión en redes sociales, donde se multiplicaron expresiones ofensivas y campañas de descrédito dirigidas a funcionarios judiciales vinculados con causas de alto impacto político. Desde distintos sectores del Poder Judicial vienen advirtiendo sobre la necesidad de preservar el rol de jueces y fiscales frente a presiones externas.