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Distintos bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre, con una agenda que incluye tres temas centrales: la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, iniciativas para aliviar el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
La convocatoria se produce en medio de la polémica por el fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU, vinculado con la derogación de la Ley de Tierras. Además, la sesión coincidirá con la marcha federal universitaria, una movilización que los sectores opositores esperan que contribuya a sostener la presión política sobre el oficialismo.
La convocatoria cuenta con las firmas de representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas y Encuentro Federal. Sin embargo, todavía necesitan sumar apoyos, principalmente de espacios vinculados con gobernadores, para garantizar el quórum y reunir las mayorías necesarias.
Derogación del DNU 70/2023
El primer punto del temario será el intento de derogar definitivamente el DNU 70/2023, que estableció una amplia desregulación de distintos sectores de la economía argentina.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición no consiguió hasta el momento el consenso necesario en Diputados para avanzar con su derogación definitiva.
Entre sus principales medidas, el DNU eliminó o modificó regulaciones vinculadas con el comercio, el transporte, el mercado laboral, la salud y el sector inmobiliario. También derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, liberó las tasas bancarias y los precios de las empresas de medicina prepaga, y desreguló el mercado aerocomercial y la compraventa de tierras.
La discusión volvió a cobrar relevancia luego del fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del decreto, relacionado con la derogación de la Ley de Tierras.
Desde el oficialismo advierten que la derogación completa del DNU podría generar dificultades administrativas y judiciales, además de restablecer regulaciones anteriores, como las vinculadas con los alquileres y las cuotas de las prepagas.
Frente a la iniciativa opositora, el Gobierno analiza alternativas legislativas para abordar la cuestión de las tierras sin avanzar sobre la totalidad del decreto. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de incorporar un capítulo específico en el proyecto de ley de Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado, o sumar disposiciones a la iniciativa sobre Defensa de la Soberanía.
Endeudamiento: dos propuestas opositoras
El segundo eje de la sesión será el endeudamiento de los consumidores, una problemática que generó diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores.
Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo y sus aliados consiguieron el dictamen de mayoría. Su propuesta apunta a fortalecer la educación financiera, mejorar la información disponible para los consumidores sobre tasas y costos financieros y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.
La iniciativa no contempla límites a las tasas de interés, quitas de capital o intereses ni medidas que impliquen costos para el Estado. La postura del Gobierno es que se trata de una cuestión que debe resolverse entre privados.
En cambio, la oposición presentó dos propuestas diferentes. La primera iniciativa, impulsada por el peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas, propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un régimen de refinanciación para deudas que no superen el equivalente a dos canastas básicas totales del INDEC.
El esquema utilizaría como referencia la tasa TAMAR, correspondiente a los depósitos a plazo fijo mayoristas, más un 25% sobre el costo financiero total. Además, permitiría pagar las deudas en hasta 12 cuotas, sin penalizaciones por cancelación anticipada y con cuotas que no superen el 30% de los ingresos del deudor. También prevé eliminar los intereses punitorios para quienes ya se encuentren en mora.
La segunda propuesta, presentada por Argentina Federal, espacio que incluye representantes de Misiones y Salta, plantea declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros por un año, con posibilidad de prorrogarla por otro período igual.
El proyecto establece un límite para los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que otorguen créditos para consumo. El tope sería equivalente a 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.
Además, contempla la creación de un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a quienes perciben hasta 10 salarios mínimos y destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones. El régimen incluiría refinanciaciones con una tasa nominal anual fija de hasta el 35%, un plazo mínimo de 24 meses y cuotas fijas, sin comisiones ni gastos administrativos.
Durante la sesión, el proyecto oficialista se tratará primero. La oposición deberá reunir los votos necesarios para rechazarlo antes de que puedan avanzar las propuestas alternativas.
Emergencia en discapacidad
El tercer tema será la emergencia en discapacidad, un asunto que generó tensiones dentro del Gobierno durante las negociaciones por el Presupuesto 2027.
La controversia comenzó cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto presupuestario que incluía un ajuste en el área de discapacidad. Tras dos semanas de negociaciones y diferencias internas, La Libertad Avanza modificó su propuesta y alcanzó un acuerdo con bloques aliados.
La nueva iniciativa retoma varios puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la implementación de un nomenclador único para las prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para acceder a una pensión.
Sin embargo, establece que las partidas destinadas a estas políticas estarán contempladas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que disponga la Jefatura de Gabinete.
El dictamen oficialista recibió el respaldo de sectores de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo, el MID y La Neuquinidad, además de otros espacios. Según las estimaciones mencionadas durante las negociaciones, el oficialismo contaría con alrededor de 127 votos, por lo que estaría cerca de reunir la mayoría simple necesaria para avanzar.
Este escenario debilita la posibilidad de que prospere la propuesta de la oposición más dura, que busca prorrogar por un año la emergencia vigente.
Las diferencias por el alcance de las pensiones
Pese al acuerdo alcanzado con sus aliados, la nueva iniciativa también generó cuestionamientos por la redacción de algunos artículos.
Desde la oposición advierten que el artículo 5 diferencia la invalidez laboral de la discapacidad como vías de acceso a las prestaciones. Según su interpretación, la formulación podría consolidar dos tipos de pensiones: una por invalidez laboral y otra por discapacidad, con diferencias en el acceso al programa Incluir Salud.
Debido a ese motivo, los bloques opositores mantienen su propuesta de prorrogar por un año la emergencia en discapacidad vigente.
Las dudas sobre la redacción también fueron planteadas por algunos sectores aliados del Gobierno, que solicitaron aclaraciones sobre las posibles interpretaciones del texto antes de definir su acompañamiento. Hasta el momento, no recibieron una respueta de La Libertad Avanza.