inicia sesión o regístrate.
El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y del director de la entidad, Juan Curutchet, en el marco de una investigación sobre operaciones financieras con derivados de oro realizadas durante 2025. El letrado sostiene que estas transacciones habrían provocado pérdidas millonarias y reclama que la Justicia determine si existieron delitos contra la administración pública. La presentación también incluye pedidos de restricciones para los funcionarios señalados, entre ellas la prohibición de salir del país y de acceder a dependencias oficiales vinculadas con la documentación que podría ser utilizada como prueba.
El planteo se fundamenta en información contable que, según Dalbón, surge de la Auditoría General de la Nación (AGN) y que registra un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados sobre las reservas de oro del Banco Central. El abogado considera que esos movimientos financieros deben ser investigados para establecer si existió un perjuicio económico para el Estado y determinar las responsabilidades de quienes participaron en las decisiones. Sin embargo, los resultados negativos de las operaciones no constituyen por sí mismos una prueba de delito, por lo que será la Justicia la encargada de evaluar los hechos denunciados y establecer si corresponde avanzar con medidas contra los funcionarios.
La causa involucra uno de los temas más sensibles de la administración financiera del país: el manejo de las reservas internacionales y las decisiones del Banco Central sobre sus activos. Dalbón cuestionó las operaciones concretadas durante el año pasado y reclamó que se investigue tanto el resultado financiero como los mecanismos de control y fiscalización utilizados por las autoridades monetarias.
Qué delitos denuncia Dalbón contra Caputo, Bausili y Curutchet
En declaraciones televisivas, Gregorio Dalbón sostuvo que las operaciones vinculadas con el oro del Banco Central deben analizarse bajo distintas figuras previstas en el Código Penal argentino. Entre ellas mencionó defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5, del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba", expresó el abogado.
El letrado también planteó la posibilidad de que se investigue el delito de asociación ilícita y mencionó directamente al ministro de Economía. "Por ejemplo, la asociación ilícita como jefe Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables", manifestó.
Las acusaciones forman parte de la interpretación jurídica presentada por Dalbón y deberán ser evaluadas por los organismos judiciales correspondientes. Hasta el momento, la información aportada no permite afirmar que los funcionarios hayan cometido los delitos denunciados ni que exista una resolución judicial que ordene sus detenciones.
La pérdida de 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados de oro
Uno de los principales argumentos del planteo judicial está vinculado con los resultados financieros registrados durante 2025. Según la información contable citada por Dalbón, las operaciones con derivados sobre el oro del BCRA arrojaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, compuesto por pérdidas en opciones financieras y primas abonadas por esos instrumentos.
El detalle mencionado por el abogado establece que el resultado negativo por opciones alcanzó los 1.400.793 millones de pesos, equivalentes a 960,2 millones de dólares, mientras que las primas de opciones representaron otros 68.362 millones de pesos, equivalentes a 62,8 millones de dólares. La suma de ambos conceptos da como resultado los 1.023 millones de dólares señalados en la presentación.
Los derivados financieros son instrumentos cuyo valor depende de la evolución de otro activo, como puede ser el oro. En este caso, de acuerdo con los datos aportados, el Banco Central habría concertado operaciones liquidables en dólares con fines de cobertura financiera. El informe citado también indica que, al cierre de 2025, la entidad ya no mantenía posiciones abiertas de ese tipo.
Un aspecto relevante del mismo ejercicio contable es que la tenencia de oro del Banco Central registró una ganancia por diferencias de cotización de 8.002.500 millones de pesos. Este resultado positivo corresponde a la valorización del activo y debe distinguirse de las pérdidas atribuidas a las operaciones con derivados.
Por lo tanto, para determinar el efecto económico total de las transacciones es necesario analizar conjuntamente los resultados de las coberturas, la evolución del precio del oro y el impacto contable sobre las reservas. La denuncia pone el foco en las pérdidas registradas por los derivados y en la eventual responsabilidad de los funcionarios que autorizaron o supervisaron esas operaciones.
Solicitan prohibirles la salida del país y el acceso a documentación oficial
Además del pedido de detención, Dalbón solicitó otras medidas destinadas, según su planteo, a preservar el desarrollo de la investigación. Entre ellas figuran la prohibición de salir del país, la restricción de acceso a determinadas áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde pudiera encontrarse documentación relacionada con los hechos denunciados, y la prohibición de comunicarse con funcionarios, auditores o testigos.
El abogado argumentó que estas medidas serían necesarias ante una presunta obstrucción de la investigación. En sus declaraciones, reconoció que no considera que exista peligro de fuga, pero sostuvo que los funcionarios habrían dificultado el esclarecimiento de los hechos.
"Si bien no hay peligro de fuga, está comprobado que han obstruido a la Justicia", afirmó Dalbón, quien también acusó a los involucrados de haber proporcionado información falsa durante una auditoría.
Es importante señalar que estas afirmaciones constituyen acusaciones del denunciante y que la existencia de maniobras de obstrucción o falsedad deberá ser acreditada judicialmente.
El letrado también hizo referencia a la intervención del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, a quienes consideró responsables de avanzar en el esclarecimiento de las operaciones.
"Yo creo que Ariel Lijo tiene la responsabilidad, junto con el fiscal Pollicita, de averiguar", señaló.
Asimismo, anticipó una ampliación de su presentación judicial para solicitar formalmente las detenciones de Bausili y Curutchet. "Realmente confío en que la ampliación que haremos el martes, que es el pedido de detención de Bausili y de Curutchet, realmente Ariel Lijo se lo tome en serio", expresó.
La denuncia de Marcela Pagano contra Caputo y Bausili
El planteo de Gregorio Dalbón se suma a cuestionamientos anteriores sobre la administración de fondos y activos públicos. El 10 de agosto, la diputada nacional Marcela Pagano comunicó públicamente que había presentado una denuncia penal contra Luis Caputo y Santiago Bausili por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos estatales.
A través de su cuenta en la red social X, la legisladora aseguró que existían casi cuatro billones de pesos de fondos públicos cuyo destino, según su denuncia, no podía ser reconstruido públicamente.
"DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable", publicó Pagano.
La diputada también cuestionó una respuesta que atribuyó al presidente del Banco Central. Según su publicación, Bausili habría respondido "En algún lado están" al ser consultado sobre el destino de los recursos.
Pagano consideró insuficiente esa explicación y sostuvo que "la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra".
En el mismo mensaje, afirmó que los funcionarios deberán explicar ante la Justicia el destino de los fondos, quiénes autorizaron las operaciones y si existieron beneficiarios de las decisiones cuestionadas.
Si bien ambas presentaciones mencionan a Caputo y Bausili, los datos proporcionados no permiten establecer que se trate de una misma causa judicial ni que las denuncias tengan exactamente el mismo objeto de investigación.