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Clínicas, sanatorios y hospitales privados de distintas provincias mantienen convocada una suspensión de servicios para afiliados del Pami durante el miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La protesta fue impulsada por Capress, Acami, Salud Federal y Clínicas de la Patagonia, en reclamo por el atraso de aranceles, restricciones en las prestaciones y demoras en los pagos. Hasta ayer, ningún prestador de Salta había confirmado si adherirá a la medida.
Las entidades sostienen que el desfasaje entre lo que paga el Pami y la evolución de los costos se profundizó en los últimos años. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la inflación general acumuló 241,8%, mientras la cápita promedio del organismo subió 110,55%. Según cálculos del sector, haría falta una recomposición cercana al 62% para empatar esa diferencia tomando como referencia el inicio de la presidencia de Javier Milei.
El retraso es todavía mayor si se amplía el período de comparación. Un índice de Capress señala que entre diciembre de 2022 y junio de 2026 el valor cápita del segundo nivel de atención aumentó 447,47%, mientras que la inflación minorista avanzó 942,35%. En ese mismo lapso, los medicamentos treparon 1181,70%. Para los prestadores, esa brecha explica buena parte de la pérdida de sustentabilidad de clínicas y sanatorios.
El Gobierno, por su parte, reconoció que existe un atraso y abrió una instancia de negociación. El viernes pasado, representantes del Pami y de las cámaras mantuvieron una reunión en la que se acordó avanzar en una actualización de aranceles para determinadas prácticas. Según fuentes del instituto, el incremento permitiría recuperar prácticamente la inflación acumulada en 2026 en esos rubros.
Las entidades, sin embargo, consideran insuficiente la propuesta. Señalan que en lo que va del año muchas prácticas recibieron subas de 1,9% en junio y 8% en julio, mientras que, en promedio, las actualizaciones no superarían el 4% o 5% en los primeros nueve meses, frente a una inflación general del 22,6%.
El diálogo continuará esta semana. Pami informó que el jueves 22 habrá una nueva reunión de equipos técnicos, justamente en la segunda jornada prevista para la suspensión de servicios. Las cámaras volverán a consultar a las clínicas asociadas antes de definir si mantienen la protesta.
Además de la actualización de valores, los prestadores reclaman eliminar cupos que limitan determinadas prácticas, regularizar pagos y sostener las contrataciones con el sector privado. También advierten sobre derivaciones hacia hospitales públicos y piden evitar una mayor sobrecarga del sistema estatal.